La ley Trans de Irene Montero contempla que los propietarios de inmuebles que se nieguen a alquilar a un LGTBI o a una pareja LGTBI porque no le gustan los gais, las lesbianas o los transexuales serán sancionados con multas que van desde los 10.000 euros hasta los 150.000 euros.
Las graves sanciones a las que se enfrentará un arrendador que sea acusado de discriminación u homofobia hacia su inquilino ha provocado un terremoto dentro de los representantes de arrendadores, empresas del alquiler, inmobiliarias y asociaciones de propietarios. No es para menos.
Miedo a alquilar a un homosexual
La nueva ingeniería social de la ministra de Igualdad recogida en la ley Trans genera un escenario pernicioso para los propios homosexuales, dado que muchos propietarios tendrán miedo de alquilar su vivienda a alguien que diga que su propietario no le arregla la lavadora "por ser homosexual", cuando los motivos reales son otros.
En el caso de alquilar una vivienda en España, los criterios a seguir para seleccionar un inquilino es la capacidad de solvencia económica. Se piden nóminas y avales para asegurar el pago de la renta. Con un escenario ya complicado para los arrendadores por las leyes pro-okupas en nuestro país, que dejan a los dueños de viviendas desamparados y sin derecho a su propiedad hasta que llegue el juicio y la orden de desahucio, ahora, el panorama puede ser todavía más estremecedor: inquilinos que chantajean o arruinan la vida de su arrendador alegando que su casero es un homófobo. ¿Cómo demuestra el dueño del piso que la razón de rechazar a un inquilino o no renovarle el contrato se debe a otras razones y no a los de la discriminación por tendencia sexual?
Invierte la carga de la prueba
"La ley Trans invierte la carga de la prueba y el acusado de discriminar deberá demostrar su inocencia. Con esta ley, el propietario acusado es culpable hasta que demuestre lo contrario. Se acaba con la presunción de inocencia. Esto no tiene sentido. Es muy negativo para el propietario", informa a Libre Mercado José Ramón Zurdo, director General de la Agencia Negociadora del Alquiler.
Zurdo cree que es una medida absolutamente innecesaria y disparatada. "En España, el único que criterio que siguen los arrendadores para encontrar un inquilino adecuado es el económico. Lo único que quieren es que le paguen la renta correctamente y en su tiempo. Ningún propietario está discriminando a un arrendatario por ser homosexual. Habrá alguno, pero es raro. Eso esas cosas ni se preguntan a los inquilinos jamás. Es un absurdo esta ley".
Además, a partir de la ley Trans, un inquilino que no sea homosexual puede fingirlo ante un juez, con tal de recibir una indemnización del propietario. El incentivo que ha generado la ministra comunista es más que perverso. "Lo que prima es que tenga trabajo estable e ingresos suficientes para pagar el alquiler. Lo contrario es sacarlo todo de quicio", critica Zurdo.
En este sentido se pueden dar situaciones tan hilarantes como injustas. El propietario estará siempre en un aprieto si quiere, por ejemplo, echar a su inquilino porque organiza fiestas, hace ruido y los vecinos se quejan. El inquilino para evitar su salida podría alegar que él paga su renta y que lo quiere echar porque es gay, y en ese punto, el arrendatario se verá enfrentado a una lucha judicial.
"Al invertirse la carga de la prueba, el propietario lo tiene complicado si el inquilino le está pagando correctamente, ya que tendrá demostrar que no está discriminando por su tendencia sexual, y que los motivos que le llevan a expulsarlo son otros. Por ejemplo, si el inquilino demuestra que gana 3.000 euros y le sobra para pagar la renta y el propietario no quiere seguir alquilándole, por cualquier otra razón, pues, en esos casos, los arrendadores enfrentarán una situación judicialmente difícil ante un tribunal".
Difícil de aplicar
No obstante, el director General de la Agencia Negociadora del Alquiler quiere lanzar un mensaje tranquilizador de cara a los arrendadores y el impacto de la ley Trans en el mercado de la vivienda. "Esta ley va a ser muy difícil de aplicar. Seguirá siendo el criterio económico el que guíe a los propietarios a la hora de alquilar las viviendas. Denunciar ante un tribunal que un arrendador discrimina por condición sexual, cuando las razones son otras, va a ser muy difícil de ganar para el inquilino", concluye José Ramón Zurdo.
Por último, cabe destacar que la ley Trans no solo contempla sanciones severas contra la discriminación sexual y de género en el alquiler y las rentas, otras infracciones del estilo serán aplicadas en el ámbito personal, laboral y educativo, provocando también que se invierta en todos ellos la carga de la prueba.