Malas noticias para los nacidos entre 1950 y 1975. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que su mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad del PP producirá un "ajuste moderado" sobre la pensión de los llamados baby boomers. Dicho de otra forma, supondrá una rebaja de las prestaciones que les correspondería cobrar.
Escrivá, en declaraciones a TVE, ha dicho que el acuerdo de pensiones alcanzado con los agentes sociales define en términos generales lo que es este mecanismo, que aún está por concretar, para lo que las partes se han dado de plazo hasta el 15 de noviembre. Una vez listo, la idea es introducirlo en la reforma a través de una enmienda al proyecto de ley.
Para Escrivá, el factor de sostenibilidad, introducido en la reforma de 2013 y eliminado en el acuerdo de pensiones que hoy firmarán en el Palacio de la Moncloa el Gobierno y los agentes sociales, estaba "mal definido". Como ya publicó Libre Mercado, el factor de sostenibilidad puede cambiar de nombre y llamarse mecanismo de equidad intergeneracional,, "pero el concepto es el mismo".
Les pide que asuman "algo del esfuerzo
Según el ministro socialista, el problema de sostenibilidad de las pensiones está "muy concentrado coyunturalmente" en la generación de los llamados baby boomers. Por eso, el nuevo mecanismo de Escrivá hará que esta generación, que es "más ancha", asuma "algo del esfuerzo que debe hacerse para moderar el gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo".
Para ello, plantea que podrán "elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más".
Escrivá ha indicado que en el acuerdo de pensiones el problema de la esperanza de vida se aborda procurando que la edad efectiva de jubilación se vaya acercando a la edad legal y también con el aumento gradual de la edad de jubilación legal hasta los 67 años recogido en la reforma de 2011.
El acuerdo con los agentes sociales incluye una transferencia a través de los PGE de unos 21.000 millones a la Seguridad Social, que supondrá pagar las pensiones con impuestos, así como ligar las prestaciones al IPC y castigar las prejubilaciones.