Habemus acuerdo, tras meses de negociaciones. El Gobierno, patronal y sindicatos han cerrado un pacto para reformar el sistema de pensiones, en virtud del cual se actualizarán las pensiones contributivas en función del IPC y se intentará acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un castigo a las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.
Se trata de la primera pata de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos de los aspectos más polémicos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad del PP.
El acuerdo, desarrollado en un texto normativo con forma de anteproyecto de ley revaloriza las pensiones con la variación interanual media del IPC de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año. Solo queda pendiente de la ratificación formal de los órganos de dirección de la CEOE, que está prevista para mañana.
Más impuestos
Una de las principales incluye en la Ley General de Seguridad Social una cláusula mediante la que anualmente se realizará una transferencia a través de los Presupuestos Generales del Estado de cerca de un 2% del PIB (unos 21.000 millones de euros). "Se culmina así el cumplimiento, hasta la fecha, del principio de separación de fuentes y se garantiza desde ahora mismo cerca de la mitad del incremento de financiación adicional que se prevé que necesitará nuestro sistema de pensiones para el año 2050", resaltan los sindicatos.
Como ya avanzó Libre Mercado, en este punto lo que piensa hacer el Gobierno es pagar con impuestos (habrá subidas) partidas que ahora abona la Seguridad Social para así cuadrar las cuentas del sistema, pero sin reducir el gasto. Es decir, estamos ante una escandalosa práctica de trilerismo contable. "Es pura ficción contable-presupuestaria: el gasto es el mismo; el pagador final, también porque es el contribuyente de a pie; lo que cambia es el titular de prensa sobre el reparto del déficit entre el Estado y la Seguridad Social", explicaba recientemente Domingo Soriano en uno de sus artículos.
Golpe a las jubilaciones anticipadas
El acuerdo de pensiones incluye también medidas orientadas a castigar la jubilación anticipada. Según los sindicatos, se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores.
Desde el Ministerio de Seguridad Social señalan que el texto del acuerdo recoge tanto las recomendaciones que el Pacto de Toledo aprobó el pasado otoño como las reformas recogidas en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, se incluye una batería de medidas por la que se equipara la pensión de viudedad para las parejas de hecho, se extiende el derecho a cotización por todos los programas de formación (becas) vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, tengan o no carácter remunerado, y la mejora de los convenios especiales de cuidadores familiares de personas en situación de dependencia, entre otros.