Cuando John Maynard Keynes propuso la aprobación de planes de estímulo como medida anticíclica capaz de amortiguar el impacto de las crisis económicas, los gobiernos de Occidente gestionaban unos presupuestos mucho más reducidos que hoy en día, con un gasto público cercano al 20% o 25% del PIB.
Los modelos de impacto realizados por los defensores del enfoque keynesiano anticipaban que, por cada euro de gasto adicional, la economía experimentaría entre dos y euros de actividad extra, contribuyendo a paliar la crisis. Fue así como caló la idea de que los gobiernos tienen que gastar para acelerar la salida de las recesiones.
Economistas como Milton Friedman, Friedrich Hayek o Franco Modigliani cuestionaron estos postulados, señalando que el aumento del gasto público encierra efectos secundarios problemáticos a medio y largo plazo, como por ejemplo el desplazamiento de la inversión o la caída del consumo. No solo eso, sino que la estimación de los multiplicadores de gasto arroja un rendimiento cada vez más pequeño, conforme el tamaño del Estado ha ido a más.
Sobre este último punto, conviene recordar que las estructuras de gasto público que hoy vemos en Occidente rondan el 40% o 50% del PIB, de modo que un aumento de los desembolsos presupuestarios ya no tiene el mismo impacto que podía observarse antaño, cuando John Maynard Keynes sugirió este tipo de soluciones como medida paliativa de las crisis.
La Gran Recesión, una crisis de raíz financiera que estalló entre 2007 y 2008, animó de nuevo el debate sobre el mérito de estos programas. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Barack Obama, puso a prueba la doctrina keynesiana en 2009, con la esperanza de que un aumento notable de los desembolsos presupuestarios acelerase la salida de la crisis.
Sin embargo, los resultados obtenidos fueron decepcionantes. Según explicó entonces Robert Barro, de la Universidad de Harvard, el efecto sobre el crecimiento fue negativo, puesto que se inyectaron 600.000 millones de dólares de gasto público pero la inversión privada se redujo en 900.000 millones. Algo similar apuntó John B. Taylor, de la Universidad de Stanford, quien recalcó que el aumento de la actividad fue puramente temporal y no produjo ningún cambio en la tendencia general de la economía.
Dos prestigiosos economistas a quienes se ha propuesto desde hace años como merecedores del Premio Nobel coincidían en su diagnóstico. Sin embargo, el país norteamericano volvió a las andadas en 2020, cuando la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes se sumó a la mayoría republicana en el Senado para desbloquear dos programas de estímulo que luego han sido continuados por un nuevo pacto, alcanzado en marzo de 2021, bajo liderazgo del presidente Joe Biden.
Los estímulos han oscilado entre los 600 y los 1.400 dólares, en el caso de contribuyentes solteros, y se han movido entre los 1.200 y los 2.800 dólares, en el caso de los matrimonios. Según puede verse en el gráfico siguiente, elaborado por John B. Taylor, el efecto de la política keynesiana ha vuelto a ser nulo y, aunque la renta disponible ha aumentado (barra superior), el gasto en consumo no solo no ha repercutido lo ingresado en la economía, sino que ha experimentado el patrón inverso (barra inferior).
Biden anuncia otro plan de estímulo
Pese a esta evidencia, el presidente Joe Biden insiste en inyectar dinero público en la economía y, el pasado viernes 25 de junio, anunció un nuevo plan de estímulo, esta vez compuesto por un "paquete de gasto" valorado en 579.000 millones de dólares y centrado en el desarrollo de infraestructuras.
Para ser precisos, Biden tiene previsto dedicar 312.000 millones de dólares de gasto adicional al transporte, incluyendo en este epígrafe un desembolso de 109.000 millones en carreteras, puentes y otros proyectos, 66.000 millones en líneas ferroviarias de pasajeros y mercancías y 49.000 millones en nuevos servicios de transporte público.
Asimismo, el plan anunciado por la Casa Blanca movilizará 266.000 millones de dólares consignados a infraestructuras no relacionadas con el transporte, como por ejemplo 73.000 millones de dólares para proyectos de energía, 65.000 millones para el despliegue de conexión a internet de banda ancha, 55.000 millones para proyectos relacionados medioambientales, etc.