La Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) ha emitido un contundente comunicado en referencia a los indultos que ha concedido el gobierno de España a los políticos catalanes condenados por el "proceso independentista" y el golpe del 1-O de 2017. La nota no solo va dirigida contra la decisión del Ejecutivo, sino que también carga contra "algunos que dicen representar a los empresarios españoles", una referencia velada a las desafortunadas palabras de Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE.
El manifiesto de AMEF considera que los indultos "hunden sus raíces en espurios intereses políticos", denuncia que los perdonados no han exhibido "arrepentimiento alguno" y recalcan que la maniobra del Ejecutivo carece de "base jurídica suficiente", de modo que el gobierno de Pedro Sánchez habría perpetrado "una falaz legitimación del Golpe de Estado de 2017, reafirmando a quienes lo llevaron a cabo".
Desde el empresariado madrileño subrayan que los indultos "cuestionan gravemente nuestro régimen jurídico, al Tribunal Supremo y a los Jueces y Tribunales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las distintas Instituciones democráticas y, en última instancia, a la Monarquía Constitucional como forma de Estado, símbolo de la unidad y permanencia de la Nación".
AMEF teme que los indultos "legitimen un inexistente conflicto histórico", desautorizando a España ante la UE y el resto del mundo con un daño reputacional de imprevisibles consecuencias. Más allá del cumplimiento de ambiciones personales, esa aprobación pone en peligro, por la vía de los hechos, el Orden Constitucional de 1978. Que sea el propio Presidente y su Gobierno quienes lo lleven a cabo, hace las cosas todavía más inadmisibles".
"Toda Constitución se fundamenta en la unidad de la soberanía, que en España reside en el pueblo español en su conjunto. Procede recordar que no existe derecho alguno de autodeterminación en ningún Derecho Constitucional comparado. Sólo ciertas ensoñaciones independentistas alimentan y justifican esa falacia", apunta el comunicado.
Desde la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar hacen un llamamiento "a la responsabilidad y a la unidad de todos los ciudadanos para defender el interés general de los españoles. La sociedad civil debe hacer oír su voz desde aquellas instituciones que no dependen económica, política o socialmente del poder. La gravedad de estos hechos impropios de un país europeo pone a España al borde de una crisis institucional sin precedentes y daña gravemente los cimientos del Estado de Derecho. Ante semejante amenaza existencial, los españoles que creemos en la Constitución no podemos permanecer callados. El silencio no es una opción".
Ante la enorme gravedad de la aprobación de los indultos a los independentistas catalanes y ante las injustificables declaraciones de algunos que dicen representar a los Empresarios españoles, la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar se ve obligada a manifestar públicamente su oposición a este ataque frontal al Estado de Derecho.
Representa el 15% del PIB madrileño
La Asociación Madrileña de la Empresa Familiar es una asociación independiente de empresarios familiares radicados en la Comunidad de Madrid. En la actualidad, la facturación de las empresas representadas por los asociados es equivalente al 15% del PIB de la región que preside Isabel Díaz Ayuso.
Antonio Lence Moreno, responsable de Viena Capellanes y otras empresas, es el presidente de AMEF. La asociación está dirigida por Antonio Barderas.
Las palabras de CEIM
Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM, acusó también al gobierno de España de "permitir que el independentismo le someta a un chantaje para mantenerse en La Moncloa con el apoyo de ERC". En palabras de Garrido, "el diálogo es un concepto consustancial al mundo empresarial y los empresarios somos los primeros en reivindicarlo", pero en el caso del 1-O "unos han creado un conflicto, violentado el Estado de derecho y, después, exigido diálogo. Eso se parece más a un chantaje. Nosotros, los empresarios, no vamos a chantajear al Estado, pero sí vamos a denunciar cada vez que se negocien bilateralmente aspectos que afectan a todos".