En septiembre de 2018, Suecia celebró elecciones generales. Aunque el primer ministro socialdemócrata Stefan Löfven lideró la candidatura más votada y logró el 28,3% de los sufragios, las distintas fuerzas de centro-derecha coligadas en la Alianza por Suecia sumaron el 40,1%, mientras que los Demócratas Suecos alcanzaron un 17,5% de los sufragios. A priori, la suma de los distintos partidos de derecha era más que suficiente para alcanzar el poder. Sin embargo, los grupos integrados en la Alianza por Suecia no veían con buenos ojos la posibilidad de entrar en una alianza con los Demócratas Suecos, quienes durante años han sido repudiados por el conjunto de las fuerzas políticas del país escandinavo.
En sus orígenes, los Demócratas Suecos coqueteaban con el supremacismo blanco y otras ideologías extremistas. A mediados de los 2000, su nuevo líder Jimmie Akesson empezó a "limpiar" el partido, purgando a las facciones más extremistas y adoptando un nuevo discurso en el que se funden elementos propios del nacionalismo, el conservadurismo, el populismo o el euroescepticismo. Aunque en la Alianza por Suecia había voces partidarias de negociar gobierno con los Demócratas Suecos, lo cierto es que Löfven acabó revalidando su cargo de primer ministro por la falta de entendimiento entre los grupos del centro-derecha tradicional y los emergentes pero discutidos Demócratas Suecos.
El nuevo gobierno se cerró en enero de 2019, tras un acuerdo en el que los socialdemócratas se aseguraron la abstención del Partido Centrista y el Partido Liberal, dos de los cuatro partidos de centro-derecha que tradicionalmente estaban aliados en la Alianza por Suecia. El pacto abrió una brecha que terminó en la ruptura de la Alianza por Suecia. De hecho, también se ha empezado a resquebrajar el "cordón sanitario" que dichas fuerzas venían aplicando a los Demócratas Suecos. Así, a lo largo de 2019, tanto el Partido Moderado como el Partido Democristiano mantuvieron reuniones bilaterales con Demócratas Suecos e incluso sellaron con ellos algunos pactos de gobierno a nivel local.
Cuando parecía que la cosa no podía enredarse más, el Partido Socialdemócrata presentó un proyecto de reforma de la ley de alquileres orientado a desregular los ineficientes controles de precios que tan mal resultado han tenido a la hora de generar un mercado de vivienda accesible y asequible. Flexibilizar la regulación en vigor es uno de los requisitos impuestos hace ahora dos años por el Partido Centrista y el Partido Liberal, que solo permitieron un nuevo mandato de Löfven a cambio de la aprobación de ciertas reformas. Sin embargo, el Ejecutivo también depende del Partido de la Izquierda, que rechaza frontalmente la posibilidad de poner fin al intervencionismo del Estado en el sector del alquiler.
Así, el Partido de la Izquierda ha terminado apoyando una moción de censura que también ha contado con el apoyo de distintos grupos de centro-derecha, así como de los Demócratas Suecos. La votación, celebrada el pasado lunes 21, ha sumido al país escandinavo en una crisis sin precedentes. Löfven puede verse obligado a dimitir y buscar una nueva elección, pero no está claro que pueda reunir los apoyos que facilitaron su reelección en 2019. De igual manera, puede que la situación desemboque en la convocatoria de elecciones anticipadas, pero esto no ocurría desde 1958 y, sin duda, se trata de una posibilidad que genera incertidumbre y nerviosismo entre un electorado acostumbrado a los pactos.
Löfven ha reprochado al Partido Moderado y al Partido Democristiano que apoyen la moción de censura a pesar de que apoyan la desregulación del alquiler. También ha criticado al Partido de la Izquierda por llevar su oposición a la medida hasta el extremo. Sin embargo, también hay quienes le han recordado al primer ministro que la mayoría parlamentaria que hizo posible su gobierno encerraba una evidente contradicción entre los objetivos reformistas pactados con el Partido Centrista y el Partido Liberal y la actitud reaccionaria del Partido de la Izquierda.
La propuesta concreta que planteó Löfven era liberar las rentas de los alquileres en aquellos domicilios enmarcados en edificios de nueva construcción. La medida no era totalmente liberal: se planteaban contratos a quince años, se limitaba el precio del arriendo al 30% de los ingresos del inquilino, etc. En cualquier caso, se trataba de un paso en la buena dirección orientado a atajar el problema de la escasez de obra nueva, que afecta al 93% de los municipios suecos y, solo en Estocolmo, afecta a 670.000 personas que están apuntadas en listas de espera de acceso a la vivienda donde el retraso medio es de 13 años.