Los agricultores esperan con reservas y preocupación la evolución del anteproyecto de ley del gobierno para la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). La base de este proyecto, también criticado por petroleras y gasísticas, es trasladar los costes de la factura eléctrica a gasolinas, gasóleos y gas, lo que supondría un gran impacto al sector primario y para la población rural del país.
Asaja, una de las principales asociaciones representantes del sector agrario, envió hace unas semanas una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la que le hacía llegar las preocupaciones y dudas por el anteproyecto que se está tramitando. Para la asociación, la reforma supondría un incremento del coste energético para el medio rural, ya que dependen más del gas y de los hidrocarburos que en zonas urbanas, donde la electrificación es mayor.
Aunque no ponen en duda la hoja de ruta y los objetivos de descarbonización en el planeta, sí dejan claro que supondrá un claro perjuicio al competir en las exportaciones con otros países que no tendrán ese incremento en los costes de la factura energética.
El impulso y el apoyo a la España vaciada y la preocupación por la despoblación, principalmente en el interior, tampoco es coherente para los agricultores ni se alinea con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, ya que encarecería la factura de los habitantes de las pequeñas localidades de interior dedicadas principalmente al sector primario.
El sector agrario se siente especialmente afectado no solo por esta reforma, sino también por la reforma de la factura eléctrica y el cambio en los peajes. La entrada en vigor el 1 de junio de la nuevo sistema por tramos de discriminación horaria, con precios de peajes y cargos diferentes entre los distintos periodos horarios —punta, llano y valle— ha coincidido con los históricos registros recientes en cuanto al aumento del precio de la luz, alcanzando el pasado miércoles el tercer precio diario más caro de la historia al situarse en 94,63 euros por MWh.
Por su parte, Asaja advierte que las nuevas facturas serán un importante mazazo para los que se dedican al cultivo de regadío, que penaliza a la agricultura más productiva y desarrollada y que tendrá un impacto directo tanto en los ingresos como en la modernización y las inversiones en renovables para la sostenibilidad del regadío. Según sus estimaciones, la subida supondría un sobrecoste de entre el 40% y el 50% en la factura eléctrica.
El fondo "potencia las zonas donde se consume electricidad frente a las zonas interiores, que no han tenido más obligación que recurrir al gasóleo y a los gases licuados porque el peso específico de la calefacción es tan potente que hacerlo con soporte eléctrico es inasumible para sus economías", aseguró Guitarte en el Congreso.