El Gobierno ignora los informes que demuestran los efectos nocivos de las subidas del Salario Mínimo en el empleo, precisamente, entre los más vulnerables. El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, se mostró ayer martes confiado en que el salario mínimo interprofesional (SMI) alcanzará esta legislatura el 60% del salario medio, lo que supone subirlo entre 62 y 97 euros y situarlo entre 1.012 euros y 1.047 euros en 2023, según el cálculo del propio grupo de expertos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Bien es cierto que esta cifra rebaja el objetivo inicial de Yolanda Díaz, que estaba en 1.200 euros mensuales, pero no dejará de suponer un duro golpe para las empresas españolas, que salen muy perjudicadas de la pandemia. "Es muy útil tener la medida de la distancia y saber con confianza que vamos a poder cumplir el objetivo de legislatura" de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio, apuntó durante su primera comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados.
Este informe del grupo de expertos, según ha avanzado el propio secretario de Estado, concluye que el salario mínimo, que actualmente es de 950 euros mensuales en 14 pagas tras no haberlo revisado aún para este ejercicio, tendría que subir entre 62 y 97 euros mensuales para alcanzar el 60% del salario medio situándose así entre 1.012 euros y 1.047 euros. Asimismo, García Andrés ha subrayado que en los dos primeros años de legislatura el SMI ha subido "casi un 30%", lo que supone "un logro extraordinario" porque, más allá de posibles efectos sobre el empleo, también tiene consecuencias sobre la desigualdad.
Según los cálculos de los gabinetes técnicos de las patronales a los que ha tenido acceso La Información, la subida del SMI a 1.047 euros costará a las empresas 1.900 euros extra por trabajador al año.
¿Otro cisma entre Calviño y Díaz?
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, confirmó que el informe del comité de expertos, que está pendiente de rúbrica y que el Gobierno espera recibir en próximos días, establecerá cuál es la cantidad que debe subir el SMI esta legislatura.
Con el informe en la mano, ha dicho Montero, el Gobierno se reunirá con los agentes sociales para ver cómo "distribuir ese peso" para alcanzar el objetivo, debatiendo si la subida se reparte entre 2022 y 2023 o "si incluimos 2021". Esta discusión podría abrir otro cisma entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, que pedía esta semana "prudencia" a la hora de subirlo.
"Es importante llegar a ese compromiso pero también que sea compatible con la generación de empleo", ha dicho Montero, porque "hay que equilibrar la mejora del poder adquisitivo pero garantizando que no será a costa de la pérdida de puestos trabajo".
El Banco de España ha calculado que el impacto del incremento del SMI del Gobierno en 2019 ha sido de una pérdida de empleo neta de los trabajadores directamente afectados de entre 6 y 11 puntos porcentuales, que podría suponer hasta 180.000 empleos menos. La respuesta de Podemos ante estos datos ha sido llamar a "correr a gorrazos" al gobernador de la institución.