Ya resulta lamentable la necia política económica que está llevando a cabo el Ejecutivo social-comunista de Pedro Sánchez. Pero aún más inadmisible resulta la reacción de sus voceros contra quienes se limitan a dar noticia de los resultados que está cosechando.
Este martes, el diputado comunista Rafael Mayoral despotricó en el Congreso contra el informe del Banco de España que estima que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 22% en 2019 ocasionó una pérdida neta de puestos de trabajo de entre 6 y 11 puntos porcentuales en el colectivo directamente afectado. No contento con calificar de "impresentable" al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el indeseable Mayoral animó a "correrlo a gorrazos" desde la misma tribuna del Congreso.
Si Mayoral fuese portavoz de una formación de impecable pedigrí democrático, podría aducirse que su soflama había sido un desafortunado exceso retórico. Pero es que resulta que se trata de un dirigente de una formación de extrema izquierda que ha hecho apología de los escraches y demás manifestaciones violentas de acoso al rival político, "jarabe democrático" en jerga podemarra. Por lo que estamos ante algo muy distinto y mucho más grave.
Que el comunista embistiera no al responsable de la mala noticia, que no es otro que el Gobierno del que forma parte su partido, sino a quien la ha dado a conocer refleja la siniestra pulsión totalitaria de los conmilitones del desaparecido Pablo Iglesias, así como su clamorosa ignorancia incompetente, pues creen posible fijar de forma centralizada y coactiva los salarios por encima de la productividad sin condenar al paro o a la economía sumergida a los sectores más vulnerables de la sociedad, empezando por los trabajadores menos cualificados. Estos necios, presuntamente bienintencionados, que defienden que el Estado usurpe el derecho de cada trabajador a fijar su propio salario mínimo parecen creer a la vez que las remuneraciones dependen de la generosa voluntad del legislador, y no de la libre concurrencia de los que ofrecen y reclaman puestos de trabajo.
Se da la circunstancia añadida de que entidades distintas al Banco de España, como el BBVA, ya advirtieron y cuantificaron el impacto negativo que la voluntarista y miope subida del SMI había tenido en 2019. Es más, la propia ministra de Economía, Nadia Calviño, y el entones presidente de la Airef y actual ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se opusieron inicialmente a la subida del SMI, precisamente, por las consecuencias que iba a tener en el empleo, si bien finalmente cedieron ante las presiones del presidente Sánchez y de sus socios comunistas. Eso, por no recordar cómo alguien tan poco sospecho de veleidades ultraliberales como el presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, vinculaba por aquellas fechas el incremento del paro en su región a la subida del SMI, y hasta reclamó –sin éxito– una reunión urgente con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Lo peor es que los comunistas pretenden dar una nueva vuelta de tuerca a esa política tan perniciosa. Con estos enemigos jurados de la libertad, ya se sabe: a quienes les llevan la contraria les hacen caso omiso o los corren a gorrazos.