Madrid está implantando reformas de calado en materia de mejora regulatoria y simplificación burocrática. Su Ley del Suelo flexibiliza los cambios de uso del suelo. Su Ley de Mercado Abierto reconoce automáticamente las licencias concedidas por otras autonomías. Su web anti-trabas ha recibido ya doscientas reclamaciones que ayudarán a derogar normativa obsoleta que perjudica el crecimiento.
Pero el gobierno de Isabel Díaz Ayuso no está solo: la Xunta de Galicia que preside Alberto Núñez Feijóo también está trabajando en esta dirección. El gobierno gallego empezó a preparar el camino para una reforma normativa que favorezca la libertad de empresa con la Ley 9/2013, del emprendimiento y la competitividad económica, la Ley 14/2013, de racionalización del sector público de Galicia, o la Ley 5/2017, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales.
Sin embargo, el verdadero salto adelante ha llegado recientemente, con la Ley 9/2021, de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica. Una de las innovaciones que contiene este desarrollo es la creación de un sistema de atención a la inversión, pensado para generar un servicio de acompañamiento que asume toda la tarea de asesoramiento y tramitación de documentación, no solo autonómica, sino también municipal en el caso de que los ayuntamientos se adhieran al proyecto. En este sistema se elaborarán una serie de catálogos que recogerán todos los trámites en vigor y los ofrecerán de forma simplificada y centralizada a través de una única plataforma web.
También se constituye la Oficina Doing Business Galicia, definida como una unidad que se encargará de favorecer aquellas iniciativas industriales y empresariales que se consideren prioritarias. En paralelo, se anuncia una red de oficinas de apoyo a la empresa que contará con la colaboración de todas las consejerías del gobierno autonómico, para evitar solapamientos y ofrecer más certidumbre.
Otro avance importante es el que avanza en la simplificación administrativa introduciendo la reducción y la simultaneidad de los trámites autonómicos. En vez de ir "de cola en cola", los expedientes se tratarán de forma paralela, reduciendo enormemente la emisión de los informes preceptivos y reduciendo significativamente los tiempos de espera.
La ley también ahonda en la simplificación de los, hasta ahota, lentos procesos de evaluación ambiental, en sus distintos procedimientos, mediante la fijación de plazos tasados que, hasta ahora, no venían definidos en la normativa. Asimismo, estos informes se incorporan al tratamiento simultáneo mencionado en el párrafo anterior.
De igual manera, y en lo referido a los informes que son competencia de los órganos autonómicos, la ley pretende atajar el problema de los retrasos, estableciendo como norma general un plazo de tres meses de espera e instaurando el principio de "silencio positivo" para que, en caso de una demora mayor, se considere automática la autorización.
Por otro lado, aparece un nuevo procedimiento uniforme y simplificado para las instalaciones eléctricas, cuya operativa venía soportando circunstancias regulatorias marcadas por tiempos muy dilatados. Asimismo, se simplifica el proceso de obtención de licencias municipales cuya regulación depende de la Xunta, con plazos reducidos de quince días para muchos de los supuestos contemplados.
Finalmente, se incluyen distintos beneficios fiscales pensados para apoyar la implantación de iniciativas empresariales en zonas poco pobladas y también se replantean los conceptos de "Proyectos Industriales Estratégicos" o "Iniciativas Empresariales Prioritarias" para maximizar el impacto de estos regímenes especiales.