La campaña del gobierno de Pedro Sánchez contra la libertad educativa, articulada mediante la polémica Ley Celáa, choca frontalmente con los notables avances que ha conseguido la Comunidad de Madrid mediante la creación de un distrito único de matriculación escolar, que elimina de facto las barreras administrativas para que las familias inscriban a sus hijos en colegios públicos o concertados ubicados en barrios distintos a su lugar de residencia.
Según datos facilitados por la Consejería de Educación, el 17 por ciento de los alumnos que acuden a colegios o institutos de la red pública están matriculados en centros que se ubican en distritos diferentes a la residencia familiar. En algunas zonas de la Villa y Corte, esta ratio llega incluso al 43,4 por ciento, caso de Tetuán.
El porcentaje es aún mayor en el caso de las familias que llevan a sus hijos a la escuela concertada. Los datos que maneja el gobierno autonómico madrileño apuntan que, en promedio, el 24 por ciento de los estudiantes que acuden a estos centros lo hacen fuera del distrito de residencia de sus familias. Aquí, el porcentaje de desplazados llega incluso al 50,4 por ciento, nuevamente en el caso de Tetuán.
La libertad de elección ha permitido que, año tras año, la inmensa mayoría de las familias madrileñas hayan obtenido plaza en el colegio público o concertado que han elegido como primera opción para la escolarización de sus hijos. Por ejemplo, en el curso 2020-2021 se alcanzó el mayor porcentaje de la serie, con una tasa de acceso del 94 por ciento.
Un modelo inclusivo
El consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio defendió al conocer los planes del gobierno de Sánchez que el sistema de Madrid "permite que familias que viven en distritos con un nivel socioeconómico más bajo tengan las mismas oportunidades que otros hogares a la hora de poder escolarizar a sus hijos en cualquier centro educativo".
Un estudio realizado en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España avala estas declaraciones y muestra que los indicadores de segregación escolar por nivel de renta se han reducido casi un 10 por ciento como resultado de la libertad de elección de centro, que fue introducida hace más de una década por la entonces presidenta autonómica, Esperanza Aguirre.
Desde el PP anuncian que sus comunidades autónomas legislarán para frenar los ataques que introduce la Ley Celáa. En Madrid, se han extendido los conciertos y adelantados los plazos de admisión para bloquear, en la medida de lo posible, las trabas a la libre elección contenidas en la nueva normativa estatal.