La electricidad es un bien básico, sin el cual nuestro mundo no sería posible. Ni las comodidades del hogar ni la productividad de las empresas, ni las infinitas aplicaciones tecnológicas que facilitan la movilidad, la medicina, las comunicaciones, serían realidad.
En la última década se han generalizado las políticas climáticas o, más exactamente, las políticas de clima y energía, que es el término acuñado en la Unión Europea para designar una política energética subordinada totalmente a objetivos climáticos, no económicos ni energéticos. Son objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sobre todo, de CO2, y de utilización masiva de tecnologías de generación de electricidad a partir de fuentes de origen renovable.
¿Qué han hecho otros países?
Unos países están más avanzados que otros en ese proceso de aplicación de políticas de clima y energía, que se ha dado en llamar transición energética. Entre los países más avanzados, Alemania destaca por ser uno de los primeros que pusieron en marcha su modelo, con el nombre de Energiewende (cambio energético). Desde 2010, el precio medio de la electricidad se ha elevado en un 70%. Las protestas han subido de tono y el gobierno dejó en suspenso el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de 2020. Se está cuestionando incluso el plan de cierre de centrales nucleares acordado por el gobierno Merkel y se ha decidido mantener la generación a base de lignito doméstico, como reserva de emergencia para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico, que también está sufriendo como consecuencia de la intermitencia de las renovables.
España es uno de los países que más esfuerzo económico han hecho en este terreno. El incremento del precio medio de la electricidad desde hace quince años, cuando se inició la inversión masiva en generación renovable, se acerca al de Alemania. Evidentemente, los consumidores, que también son votantes, no están muy satisfechos.
En otros países, Australia es un ejemplo más, donde los sucesivos gobiernos se han comprometido con la lucha climática, las protestas por los crecientes costes de la electricidad se suceden desde hace años. Con estos ejemplos es suficiente para ilustrar un problema generalizado.
No pocos gobiernos se platean qué hacer para convencer a sus ciudadanos y a sus empresas de que están buscando formas de reducir la factura eléctrica. La pérdida de competitividad es una realidad y los costes para las familias también. La carestía de la electricidad es un problema grave. Y creciente.
Cuando en la Unión Europea se planteó la triada de objetivos de política energética (energía abundante y disponible, energía limpia, costes razonables y asumibles) se creyó que era posible encontrar un equilibrio entre los tres objetivos. La realidad es que, al final, uno acaba por imponerse sobre los otros. Por eso, en los países en desarrollo, y China es un buen ejemplo, los políticos se han inclinado decididamente por mantener el desarrollo, lo cual supone preocuparse mucho del coste y mucho menos de las emisiones de GEI, pues no pueden permitirse el lujo, ni el error político, de frenar las expectativas de mejora económica de las capas más desfavorecidas de su sociedad. Además, el desarrollo económico es un objetivo político estratégico de primer orden. Las emisiones de GEI de China superan las de todos los países de la OCDE juntos. Pero la Unión Europea no manda en China.
En otros países, como Estados Unidos, se ha tratado de conciliar la reducción de emisiones con el mantenimiento de precios bajos de la energía. EEUU es el primer productor de petróleo y de gas natural, y el tercero de carbón, y una prioridad de ese país es la supremacía energética. Pero en la última década han conseguido una reducción notable de las emisiones de GEI, al tiempo que los precios interiores de la energía son comparativamente bajos. Por ejemplo, el precio medio de la electricidad es del orden de la mitad que en Europa.
Europa, en cambio, ha elegido el liderazgo de la lucha climática, con el resultado de pérdida de competitividad y de encarecimiento de la energía. Las transiciones energéticas son un proceso muy caro, sólo apto para países ricos.
¿Qué está haciendo el Gobierno de España?
Como queda dicho, los precios de la electricidad en España se han incrementado notablemente en los últimos quince años. Las previsiones, en ausencia de medidas concretas, es que no sólo no se reducirán, sino que seguirán creciendo. No sólo se resienten las economías familiares, sino que las empresas pierden competitividad, lo que las perjudica, tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores. Esto lo confirman en detalle los datos presentados por la CNMC para explicar la nueva tarifa eléctrica.
El gobierno ha emprendido varias actuaciones para reducir la factura. En primer lugar, ha propuesto la creación de un Fondo para la sostenibilidad del sector eléctrico. A este fondo se traspasarían algunos costes hoy incluidos en la tarifa eléctrica, y se obligaría a pagarlos a los consumidores de otras energías (gas natural o productos del petróleo). No parece que se haya pensado en que esos costes los paguen los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado, como desde hace tiempo han propuestos voces autorizadas. Los gobiernos tienen alergia a la reducción de ingresos fiscales y aún más a la reducción del gasto. En este terreno, lasciate ogni speranza.
A continuación, ha puesto en marcha, con la ayuda de la CNMC, una reforma del sistema tarifario, que comprende una redefinición de los períodos horarios de facturación y de los cargos y costes incluidos en la factura. Por último, ha propuesto una reducción de los ingresos de la generación nuclear e hidráulica, por considerar que están recibiendo unos beneficios no esperados (windfall profits) que deben ser eliminados.
Sobre las modificaciones de los periodos horarios, lo más reseñable es que no sabemos en qué estudios se basa la decisión adoptada, y que va a ser muy difícil que las familias ahorren cuando el período de valle (precios de la energía más bajos) se extiende de las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Aventurada pretensión la de que pongamos el lavaplatos o utilicemos la cocina o el aire acondicionado en esas horas como medio de ahorrar.
En cuanto al fondo de sostenibilidad, la simple descripción de su funcionamiento pone de manifiesto que consiste en obligar a los consumidores a pasar pagos de una factura a otra, pero la factura total no disminuye.
Y en lo que se refiere a los llamados windfall profits, el caso se debería haber analizado junto con las empresas afectadas para ver si realmente se han producido esos beneficios, que las empresas niegan, sin que haya habido pruebas concluyentes en contrario. Además, hay que recordar que en la reforma regulatoria de 2013 se crearon tasas especiales que afectan a la generación nuclear y reducen su rentabilidad. No hay aquí espacio para entrar en detalle en esta cuestión. Dejémoslo en que no ha habido diálogo. Pero, sobre todo, que la esencia de la regulación es el diálogo permanente del regulador con los sectores afectados. Diálogo cada vez más deficitario en España.
Además, resulta que las tecnologías nuclear e hidráulica son limpias, son esenciales para mantener bajo el nivel de emisiones y son fundamentales para aportar respaldo (y la hidráulica también flexibilidad) para la operación segura del sistema eléctrico. Se castiga –a salvo de que se demuestren los famosos windfall profits– a las dos tecnologías cuya generación es, por decirlo en términos coloquiales, la de mayor calidad. Sorprendente política energética.
Por último, conviene recordar que, para reducir la factura eléctrica, el gobierno podía haber reducido el IVA de la electricidad (un bien básico, como decía al principio). Pero eso, ni se le ha ocurrido. Todo sea por mantener el gasto. Mal se van a arreglar las cosas con estos planteamientos.
Pedro Mielgo es uno de los mayores expertos en energía de España. Presidió Red Eléctrica entre 1997 y 2004. Mielgo es miembro de los consejos de administración de varias empresas españolas y extranjeras. También realiza labores de consultoría y asesoría estratégica en asuntos de regulación energética.