Los Tribunales Económico Administrativos (TEA) están total y absolutamente bloqueados por la acumulación de recursos contra la Agencia Tributaria. El retraso medio en los procesos admitidos supera ya los dos años. Esto implica, además, que los contribuyentes afectados no pueden acudir a la vía judicial para resolver sus discrepancias, puesto que los TEA son el paso previo para ello.
Los últimos datos disponibles apuntan que hay cerca de 20.000 millones de euros pillados en procesos de este tipo. Por lo tanto, el parón afecta tanto a la recaudación como a la seguridad jurídica, perjudicando tanto al sector público como al privado. Solo en Madrid, el TEA acumula 60.000 expedientes iniciados por empresas o ciudadanos.
Sin embargo, los datos de Madrid son solo un ejemplo de la situación que se observa en buena parte del país. De hecho, hay más de 350.000 reclamaciones pendientes de resolución en los distintos TEA, que de hecho ni siquiera constan de un sistema informático integrado que permita agilizar los procedimientos y facilitar el desbloqueo.
Según la Memoria del Tribunal Económico Administrativo correspondiente a 2019, el 45% de las reclamaciones fueron avaladas por estos organismos, lo que confirma la discrecionalidad de muchas actuaciones de la Agencia Tributaria. El ministerio de Hacienda ha planteado la posibilidad de ofrecer descuentos a los contribuyentes que renuncien a explorar esta vía, pero ello podría terminar generando un sobrecoste fiscal indebido a quienes acepten dicho trato, puesto que casi la mitad de los expedientes se resuelven de manera favorable para los reclamantes.
Los inspectores denuncian una "demora exasperante"
La asociación que agrupa a los inspectores de hacienda denunció el pasado mes de abril que esta situación elimina el incentivo para que existen estos organismos, puesto que se produce una "demora exasperante" que anula la utilidad de tales instancias y genera un problema tanto en lo referido a la recaudación como en lo relativo al funcionamiento de la economía.
Los inspectores recuerdan que existe un riesgo de prescripción de estas deudas cuando la reclamación no se resuelve dentro de un periodo de cuatro años. Asimismo, recalcan que el número de empleados de estos organismos se ha mantenido constante durante la última década, a pesar del fuerte crecimiento en las reclamaciones.