Todo el mundo recordará a la comunista Irene Montero y al entonces líder de la oposición Pedro Sánchez despotricar contra el Gobierno de Mariano Rajoy por perpetrar "un golpe de Gobierno a las familias" con ocasión de una subida de la electricidad del 11%. Pues bien, ahora que, con ellos en el Gobierno, el recibo de la luz se ha disparado en un año más de un 43%, socialistas y comunistas mantienen un clamoroso silencio y se sacan de la chistera un nuevo sistema de facturación por tramos horarios con el que, aseguran, en el futuro las familias ahorrarán en este rubro un 15%.
Es cierto que el principal factor que está elevando el precio de la luz es la disminución de los derechos de emisión de CO2 que Bruselas asigna a las industrias, lo que lleva a estas a tener que comprarlos más caros, porque, al no ser capaces de reducir las emisiones al ritmo señalado, tienen que adquirirlos en subasta. No menos cierto es que el precio de la generación y comercialización de la electricidad es apenas un tercio del importe de la factura, correspondiendo el resto de la misma a una serie de costes regulados por el Gobierno (transporte, primas a las energías renovables, pago del déficit tarifario) y al pago del impuesto eléctrico (5,1%) y el IVA (21%), uno de los más altos de Europa.
Lejos de combatir los disparatados y apocalípticos presupuestos en los que se basa la llamada transición ecológica, o de reducir la voraz presión fiscal que soporta la electricidad aun cuando no se consume, PSOE y Podemos son los adalides de la promoción de tales excesos. Esta es la razón por la que ponen en marcha un nuevo sistema de facturación que, lejos de lo que proclaman, lo más probable es que encarezca aún más la factura, habida cuenta de que el abaratamiento sólo se producirá si la mayor parte del consumo eléctrico de los hogares se lleva a cabo en horas tan intempestivas como las que van de las 12 de la noche a las 7 de la mañana.
Hasta la ministra para la orwelliana Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho que no recomendaría a su madre que se levantara a las dos de la mañana para planchar. A su madre no, pero a cualquier otro ciudadano que quiera reducir el importe de su factura es, de hecho, la única opción que su Gobierno le brinda. Los social-comunistas tienen ahí la excusa perfecta para justificar que no se produzca en el futuro su prometida rebaja, y serán los ciudadanos los culpables por no haber alterado sus hábitos de consumo. Son así de desvergonzados.
Sólo una mayor liberalización del mercado eléctrico y una menor presión fiscal sobre el consumo permitirán reducir el importe de la factura de la luz. Por el contrario, la voracidad fiscal y el agitprop ecologista no harán más que encarecerla y empobrecer a los españoles. Pero Irene Montero, Pedro Sánchez y Teresa Ribera no hablarán de pobreza energética. Son lo que parecen y una amenaza de primer orden para el bienestar de la ciudadanía.