La turismofobia y la falta de apego del Ayuntamiento de Barcelona por la propiedad privada está generando todo tipo de efectos perversos en la ciudad de Ada Colau. El último es la tromba de multas del consistorio de Barcelona contra propietarios e inquilinos de vivienda que han estado alquilando temporalmente sus casas o, incluso, únicamente alguna de sus habitaciones en los últimos años. Ahora, haber ejercido libremente la disposición de sus propios inmuebles podría llevarles a la ruina.
Desde su llegada a la alcaldía de Barcelona, Airbnb y el resto de plataformas similares han sido uno de los principales enemigos de Ada Colau. Su discurso contra los pisos turísticos se ha basado en acusar a los propietarios de provocar la subida del precio de los alquileres en la ciudad o de molestar a los vecinos con su actividad.
Además, Colau y su equipo han proyectado una imagen de los dueños de los pisos que dista mucho de la realidad. Y es que, muchos de los caseros a los que el Consistorio de la capital catalana está poniendo contra las cuerdas por usar estas plataformas son propietarios particulares y, en algunos casos, con rentas bajas.
Arruinados con nombres y apellidos
Uno de ellos es René Pérez, de 60 años, que "al no llegar a fin de mes" decidió arrendar una habitación en el piso en el que vivía. En 2019, le llegó una multa de 60.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona por este arrendamiento. No pudo pagarla, y hace tres meses le embargaron la cuenta.
René pertenece a ACABA, una asociación que se ha creado para denunciar la "ola de sanciones del Ayuntamiento de Barcelona" a ciudadanos particulares "en el marco del conflicto que sostiene con la plataforma Airbnb". Las multas del consistorio, de hasta 60.001 euros, "son inasumibles", asegura ACABA, que denuncia que Colau ha puesto a algunos de los afectados "al borde de la ruina".
Jordi es otro de ellos. En 2018, se quedó en paro con 62 años, y fue entonces cuando él y su familia decidieron alquilar una habitación para "ayudar a la economía familiar". Esta es su historia.
"El Ayuntamiento ha ignorando la situación de un gran número de barceloneses que alquilaron sus viviendas esporádicamente como medio de subsistencia", aseguran en ACABA. De hecho, "la alarmante situación de crisis económica y precariedad que el ayuntamiento se precia de combatir les llevó a ello", señalan.
Reyes, madre soltera, también alquiló habitaciones en la residencia habitual que posee en el centro de Barcelona. Fue multada con 66.000 euros y hasta ha recibido una orden de embargo inmobiliario. "Mi vida es un infierno desde que llegó la multa", asegura.
En plena pandemia, son muchos los vecinos que siguen recibiendo el "castigo extraordinario y desorbitado" del Ayuntamiento. "La mayoría asegura que recibió la multa en fase de ejecución sin ninguna notificación previa. En casi todos los casos, los afectados certifican inspecciones realizadas con posterioridad a la recepción de la sanción. Algunos denuncian expedientes redactados de manera tendenciosa en lo que consideran una actuación abusiva con afán claramente recaudatorio", relata la asociación de afectados.
Podría ser el caso de Darío, que entre 2017 y 2018 decidió alquilar el piso que compartía con su pareja el tiempo que se iban fuera. Cuando le llegó la multa empezó su "peor pesadilla".
Ante esta situación límite, en la que algunos propietarios afectados podrían llegar a perder hasta sus viviendas por los embargos, ACABA ha puesto en marcha un proceso de mediación urgente con el Ayuntamiento, "que se ha comprometido a la revisión de todos los expedientes y la suspensión de los embargos", pero, de momento, "la negociación con el Ayuntamiento está siendo decepcionante. Hay voluntad política pero la maquinaria burocrática impide que se haga justicia", señalan.
Las víctimas de Colau "entienden que el ayuntamiento ha actuado motivado por intereses políticos e ideológicos y que realiza una interpretación tendenciosa de la ley, lo que ha derivado en procesos administrativos crueles y angustiosos para las personas y familias afectadas". Tanto es así, que "en algunos casos, los afectados jamás alquilaron su piso y fueron multados sólo por publicar un anuncio".
Aunque ACABA insiste en distinguir a sus asociados de los grandes tenedores que tanto odia Ada Colau, es importante dejar claro que cualquiera de ellos debería tener la misma legitimidad para alquilar libremente sus propiedades.