En el Plan que el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas se contemplan medidas para combatir el fraude fiscal. Una de las formas con las que Hacienda pretende aumentar su recaudación es aplicando un mayor rastreo sobre el dinero en efectivo. Por tanto, muchos autónomos se pueden ver directamente afectados por las nuevas decisiones que se tomen en esta materia.
Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de enero, las mayores comprobaciones y vigilancias se darán "en aquellos sectores y modelos de negocio en los que los niveles de economía sumergida puedan generar una especial percepción social, con especial observancia del uso de efectivo en cantidades superiores a las legalmente establecidas". En concreto, se refiere al efectivo como un uso "muy vinculado a la economía sumergida". Aunque no se refieren de manera directa a los trabajadores por cuenta propia, son los profesionales que más operan con dinero en efectivo.
En el texto publicado por el BOE también se puede leer lo siguiente: "el control del dinero abonado en efectivo en el marco de las transacciones económicas suele estar muy vinculado con la economía sumergida, por lo que con independencia de cuáles son los límites cuantitativos que se encuentren vigentes de acuerdo con la normativa aplicable, las operaciones en efectivo continuarán siendo objeto de atención una vez más por parte de la Administración tributaria".
Con esto sobre la mesa, aquellos autónomos que más van a notar una mayor presión de vigilancia por parte del fisco serán los dueños de comercios en los que muchas ventas se pagan en efectivo, los hosteleros, la recogida de fruta, los arreglos o los que se dediquen a hacer reformas. Según anuncia el portal autónomos y emprendedores, José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) reveló que la Agencia Tributaria es capaz de detectar cuando un negocio está cometiendo fraude con el uso del dinero en efectivo.
Para hacer todavía más restrictivas las medidas, el Gobierno ha limitado los pagos en efectivo a 1.000 euros, en lugar de a 2.500, siempre que "alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional", lo que afectaría a los pagos de particulares a profesionales.
Hasta ahora, las actividades permitidas entre los autónomos para recibir pagos o efectuarlos en efectivo era de 2.500 euros. Este límite de 2.500 euros es el vigente desde que en 2012 lo introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.