El aparente respaldo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la liberación de las patentes de las vacunas contra el covid-19 ha desatado una crisis de primera magnitud entre el gobierno norteamericano y la industria farmacéutica. El nerviosismo también ha llegado a los mercados, que han golpeado a los laboratorios productores con caídas que van del 3% al 19%.
Todo empezó cuando los gobiernos de India y Sudáfrica empezaron a promover la liberación de las patentes. Desde entonces, un centenar de países han constituido una coalición que pretende presionar al gobierno de Estados Unidos y a la Comisión Europea para que avancen en esta dirección que amenaza con alterar por completo la economía de las empresas implicadas.
En 2020, Pfizer aumentó su presupuesto de investigación en más de 1.000 millones de euros, mientras que Moderna multiplicó por tres sus desembolsos por este concepto. Ocurre algo muy similar en todas las demás empresas del sector que ahora enfrentan la posible liberación de las patentes, una decisión que golpearía duramente sus cuentas de resultados, reduciendo drásticamente el retorno obtenido por una labor de investigación que está consiguiendo magníficos resultados sanitarios y, por extensión, está contribuyendo a restablecer la vida socioeconómica de millones y millones de personas en todo el mundo.
A esto se suma el sombrío precedente que supondría una decisión así de cara a investigaciones futuras. Si en plena pandemia se penaliza a las empresas que han encontrado una solución contra el virus, ¿qué sentido tiene movilizar todos los recursos posibles ante un reto futuro que vuelva a exigir el descubrimiento de soluciones rápidas y certeras contra una crisis tan grave?
Desde la Property Rights Alliance, un influyente grupo de estudios con sede en Washington que se centra en el análisis de la propiedad física e intelectual como vector generador de crecimiento económico, explican a Libre Mercado que "los derechos de propiedad intelectual no han sido una barrera para la resolución de la pandemia, sino que han sido la palanca en la que se han apoyado las empresas farmacéuticas para impulsar novedosas fórmulas de investigación que están contribuyendo a salvar la vida de millones de personas".
"En la medida en que el gobierno de Estados Unidos o la Comisión Europea estudian la posible liberación de estas patentes, se están perjudicando los incentivos para la inversión futura en soluciones y desarrollos sanitarios cruciales para nuestras vidas. La producción se está acelerando notablemente y podría agilizarse más de no ser por ciertas trabas que los gobiernos del mundo podrían contribuir a solucionar. Lo mismo ocurre con los procesos de autorización, que han retrasado durante meses el despliegue de muchas de las vacunas disponibles", apuntan
"Solo el 10% de los ciudadanos del mundo viven en países que protegen adecuadamente la propiedad intelectual. Sin embargo, estos países generan el 50% del PIB mundial. Evidentemente, Estados Unidos y la Unión Europea forman parte de este grupo de economías que se benefician de los incentivos tan favorables que tiene el respaldo a la propiedad, tanto física como intelectual. No se puede ignorar esta realidad. Retirar la propiedad intelectual aplicable a las vacunas sería un golpe letal a la innovación biotecnológica y farmacéutica y, en vez de acelerar la salida de la pandemia, la retrasará. Tumbar las patentes de las vacunas golpearía a quienes más han hecho para acabar con el covid-19, de modo que es una medida injusta que, además, introduciría incertidumbre y riesgo en todo el proceso de investigación sanitaria en el momento menos indicado", concluyen.