El problema de la hiperregulación resulta cada vez más evidente. La pasada semana, la Fundación Rafael del Pino organizó un evento especializado sobre esta cuestión en el que expertos económicos y empresariales alzaron la voz ante el continuo aumento de la normativa aplicable a la vida social y económica de nuestro país.
En la misma línea, el suplemento Actualidad Económica de El Mundo publicó un reportaje especial en el que refleja cómo el número de leyes aprobadas cada año ha saltado de menos de 3.000 a más de 12.000 durante los últimos cuarenta años. Un auténtico descontrol que solo contribuye a deteriorar el grado de libertad económica vigente en nuestro país, minando de esta forma la inversión, el emprendimiento y la creación de empleo y riqueza.
El reportaje, firmado por Miguel Ora, rescata algunos ejemplos sangrantes de los excesos que se llegan a cometer. Por ejemplo, en el plano municipal existen reglas que vetan las partidas de dominó en las terrazas (caso de Sevilla), prohíben cantar por la calle (como ocurre en Zamora) o impiden construir castillos de arena (en varias localidades de Tenerife).
Pero, más allá de estos pintorescos ejemplos, lo cierto es que la complejidad normativa tiene efectos muy negativos sobre el crecimiento, por ejemplo al fragmentar la unidad de mercado o perjudicar el aumento de tamaño de las empresas.
En la jornada de la Fundación Rafael del Pino, el economista del Banco de España, Juan S. Mora-Sanguinetti, recalcó que "la regulación es necesaria para el desarrollo económico, pero si no está bien diseñada puede provocar el efecto contrario". En su opinión, el análisis de la complejidad y la densidad regulatoria debe establecerse analizando la cantidad de normas existentes, pero también los vínculos relacionales entre unas y otras normas y la sencillez lingüística con la que se redactan tales regulaciones.
Los datos son preocupantes en estos tres frentes. En España se han publicado 386.850 normas desde 1979 hasta 2020, de modo que la cantidad de regulaciones aplicables va claramente en aumento y alcanza dimensiones inabarcables. Además, la norma autonómica promedio realiza al menos once enlaces a otras regulaciones regionales, llegando al "pico" de dieciocho en el caso de Aragón. Y, por último, los indicadores de legibilidad evaluados por Mora-Sanguinetti apuntan que la normativa autonómica es difícil de leer, sin apenas diferencias dependiendo del territorio evaluado.
Madrid ha movido ficha
La región gobernada por Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha varias iniciativas de simplificación normativa que constituyen un primer intento de revertir esta deriva, al menos en la Comunidad de Madrid. Por un lado, se ha aprobado una reforma de la Ley del Suelo que flexibiliza los cambios de uso y elimina numerosos trámites, sustituidos por declaraciones responsables. Por otro lado, se ha abierto una Línea Abierta contra la Hiperregulación que ya ha recibido cerca de doscientos mensajes identificadores de trabas susceptibles de ser retiradas o simplificadas.
Además, Ayuso ha presentado una Ley de Mercado Abierto que está pendiente de ser votada en la Asamblea regional y que plantea la posibilidad de que las empresas y los operadores económicos operen en Madrid con los permisos obtenidos en otras regiones, lo que de facto tumbaría la fragmentación de tales autorizaciones.