La ministra de Trabajo ha dado luz verde a su reforma estrella: la Ley Rider. Esta normativa obligará a las plataformas digitales a contratar a sus repartidores, que hasta ahora, ejercían en su mayoría como autónomos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Yolanda Díaz ha vuelto a presumir de que España está dando "ejemplo" a Europa con esta aprobación. Incluso al mundo. "No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar en esta materia. El mundo está mirando a España", ha asegurado Díaz.
"Un joven que va en una bici con una app no es un emprendedor. No lo digo yo, lo dice la Justicia y el Gobierno de España. No es una opinión, es un hecho", ha asegurado la ministra de Trabajo, que también ha sacado pecho de "poner los algoritmos a favor de la gente". Siguiendo la estela del Ministerio de Economía y el de Hacienda, Yolanda Díaz también piensa crear su propio "comité de expertos". En este caso, la excusa es la de "estudiar en buen uso de inteligencia artificial".
Yolanda Díaz ha dado 3 meses a las plataformas para que puedan hacer las "acomodaciones" y "transformaciones" de la nueva norma. Es decir, para que metan en plantilla a los 30.000 repartidores que la patronal calcula que hay en España.
Muchos quieren seguir siendo autónomos
Pero mientras Yolanda Díaz daba este martes la rueda de prensa para presentar su reforma, miles de repartidores marchaban por las calles españolas para protestar contra ella. Y es que, aunque el Gobierno venga insistiendo en que lo que va a hacer la Ley Rider es mejorar las condiciones laborales de los repartidores, muchos de los implicados no piensan lo mismo. De hecho, lo que quieren es seguir siendo autónomos. Justo lo que Yolanda Díaz les acaba de prohibir.
La Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) y Repartidores Unidos (Repartidoresunidos.org) son dos de las asociaciones que han convocado las movilizaciones en Madrid, Barcelona, Valencia o Alicante. Dicen representar a unos 2.000 autónomos. Según los organizadores, en las protestas han reunido hoy a unos 4.000 repartidores de plataformas como Deliveroo, Uber, Glovo y también de empresas como Amazon o Seur en 10 ciudades.
Denuncian que ganarían menos dinero
Como ya ha publicado Libre Mercado, estos repartidores denuncian que con la norma de Yolanda Díaz pierden toda su autonomía, debido a que, si son contratados por las compañías, tendrán que someterse a unos horarios de trabajo concretos y no podrán gestionar su tiempo libremente. Además, es habitual que muchos de estos autónomos trabajen con varias plataformas a la vez —dependiendo de las mejores condiciones que le ofrece cada una en cada momento—, por lo que someterles a una sola empresa reduciría sus oportunidades de ingresos. Por tanto, con un contrato tradicional, ganarían menos dinero y perderían flexibilidad.
El caso de Cristina es un ejemplo muy ilustrativo de la realidad que nadie cuenta. Esta repartidora explicó a este periódico que tiene trastorno ansioso depresivo y hay veces que su enfermedad no le permite acudir a trabajar todos los días de la semana o las ocho horas de rigor del común de los mortales. Aún así, Cristina es capaz de organizarse y superar todos los obstáculos de sus problemas de salud trabajando como rider autónoma. "Me agobio muchísimo y me puede dar una crisis de tres horas, que si estuviera contratada por una empresa, probablemente, me tendría que coger la baja o ya quedar mal con mi jefe si un día no voy. Siendo autónoma, yo decido qué días trabajo, cuántas horas hago, si las quiero recuperar o no al día siguiente y a qué zonas quiero ir a repartir", relató. Esta mujer opera con Glovo, Uber Eats y Amazon. "¿Ahora me van a tener que contratar las tres?", se preguntaba hace unos meses. A falta de leer la letra pequeña del texto, la pregunta sigue sin respuesta.
Las empresas alertan
De momento, lo que dice la norma aprobada por Yolanda Díaz es que todo repartidor que trabaje con algoritmos debe ser contratado. "Determina la presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía a través de la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de una plataforma digital", reza el texto.
Además, las empresas deberán informar de ese algoritmo a los sindicatos. "El real decreto ley aprobado hoy precisa los derechos de información y consulta de la representación de las personas trabajadoras en el entorno laboral digitalizado que deberá ser informada por la empresa de las reglas en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles", señalan.
Por el lado de las empresas, la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS) que engloba a las principales compañías de España (Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats) alerta del elevado coste de contratar a los riders y de que está en riesgo "el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español" y 15.000 empleos.
"Actualmente, los ingresos que afirman percibir los repartidores de las plataformas de delivery equivaldrían a 1,4 veces el salario mínimo interprofesional, cifras que difícilmente podrán alcanzar con la nueva normativa", señala Stuart. Esta misma compañía cree que tener que informar de los algoritmos "supone una vulneración del secreto comercial y dañará la competitividad de todos los agentes de la industria digital".