El gobierno de Estados Unidos se prepara para impulsar una fuerte subida de impuestos. La estrategia fiscal de la Administración Biden coincide con la voluntad expresada por los legisladores demócratas, que ostentan una posición mayoritaria en la Cámara de Representantes y el Senado, de modo que parece probable el curso 2021 se salde con un notable aumento de la presión fiscal.
El llamado Plan Americano para el Empleo contempla las siguientes medidas referidas a la tributación empresarial:
- El tipo de referencia del Impuesto de Sociedades subiría del 21% al 28%.
- Se aplicaría un "suelo" efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades.
- Acabar con la regla que permitía repatriar beneficios obtenidos en el extranjero a cambio de abonar una tasa reducida del 10%.
- Eliminar la deducción del Impuesto de Sociedades que prima el registro o transferencia de propiedad intelectual al país estadounidense.
- Reducir la aplicabilidad de las deducciones del Impuesto de Sociedades para las empresas de energía que trabajan con combustibles fósiles.
En paralelo, el llamado Plan para las Familias Americanas suma otra serie de propuestas recaudatorias orientadas a endurecer la tributación de diversos escenarios fiscales:
- El tipo superior subiría del 37% al 39,6%.
- La fiscalidad de las rentas del capital, que actualmente contempla tipos del 0%, 15% y 20%, pasaría a replicar la tarifa de las rentas del trabajo (que va del 12% al 37%) para aquellas personas que obtengan más de un millón de euros por esta vía.
- Endurecer la fiscalidad referida a la transferencia de activos financieros en caso de herencia por causa de muerte, por encima de un mínimo exento de un millón de dólares.
- Introducir un recargo del 3,8% en las rentas de más de 400.000 dólares generadas por vehículos de inversión o beneficios empresariales.
2 billones de dólares
En total, la Oficina Presupuestaria del Congreso contempla que la subida impositiva supondría 2 billones de dólares. Un aumento muy significativo que coincide, además, con una situación macroeconómica delicada, puesto que la pandemia del covid-19 supuso una fuerte caída de la producción y del empleo que aún no ha sido del todo compensada.
El plan de Biden es dedicar estos recursos adicionales a un "plan de infraestructuras" y a una serie de "inversiones verdes". En este sentido, la Oficina Presupuestaria del Congreso ha sido clara y ha recalcado que el retorno de tales inversiones públicas es un 50% inferior que el de las inversiones privadas y que, además, el impacto neto será un 33% inferior de lo planteado, puesto que los gobiernos estatales y locales reducirán ciertas partidas de gasto para aprovechar el repunte del gasto federal y aliviar sus planes de gasto.