El Gobierno tramposo ha estado ocultando hasta las elecciones autonómicas del pasado martes el sablazo que tenía preparado a los españoles. Su candidato, Ángel Gabilondo, había prometido mendazmente no aplicar ninguna subida fiscal en la Comunidad de Madrid y tenían que apuntalar la patraña.
Sin embargo, Bruselas ya había recibido los más de 2.000 folios del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (sic), aunque Pedro Sánchez maquinó para que no salieran a la luz. El Ejecutivo social-comunista tenía que justificar en qué piensa gastar los primeros 70.000 millones de los fondeos europeos y, lo más importante, consignar qué reformas piensa acometer a cambio.
La Comisión Europea pretende recuperar lo antes posible los objetivos de estabilidad que dejó a un lado por la pandemia, lo que significa que a España se le va acabar la barra libre de déficit y deuda. Por tanto, ha llegado el momento de empezar a hacer ajustes. Y Sánchez ha preferido freír a impuestos a los contribuyentes antes que tocar un solo euro del desorbitado nivel de gasto público.
En este saqueo inaudito, el Gobierno no va a dejar un sólo impuesto sin disparar. Empezó con el IRPF a las rentas altas, la Tasa Google, la Tasa Tobin, las primas a los seguros y el IVA a los refrescos, y ahora viene el despojo de los automovilistas. Con la burda excusa del cambio climático, subirán el Impuesto de Matriculación, el de Circulación, el diésel y pondrá peajes en todas las autovías porque "el que usa paga", razonamiento atendible si no existieran todos los impuestos anteriores y si se extendiera a todos los ámbitos, empezando por la sanidad y la educación. De lo contrario, se llama doble imposición. Y es un auténtico robo.
Así, los propietarios de los vehículos más antiguos y, por ende, los menos acaudalados van a ser los que más sufran. Sin olvidar a los habitantes de esa España vaciada por la que fingen preocuparse, y que, sin transporte público a mano, tiene que desplazarse a diario en coche por unas carreteras que van a pasar a ser de pago. En la peor crisis del sector turístico nacional, al Gobierno le ha parecido una idea brillante subir los impuestos al avión, con lo que conseguirá que a la plebe le sea mucho más difícil viajar.
Sucesiones, Patrimonio y Sociedades también están en la ominosa lista. Ni los muertos, ni los grandes capitales ni las empresas que logren ganar algo de dinero podrán librarse de las garras de Hacienda. Y todavía hay más, porque el Gobierno ha reconocido ante Bruselas que va a revisar 13 beneficios del IRPF, IS, IVA e IIEE para evaluar su supresión. Eliminarlos todos supondría un estacazo al contribuyente de 35.000 millones de euros.
Y a todo esto, Nadia Calviño declaraba hace sólo un par de semanas que "no es momento de subir impuestos". Menudo papelón el de este grotesco personaje al que se presentó como la gran eminencia del fabuloso Gobierno Sánchez, que contaba también con lumbreras como Pedro Duque y Manuel Castells. El Gobierno de los mejores. Para reír si no nos estuvieran despojando a modo.
Que todo eso no vaya acompañado de memoria económica alguna –es decir, no han hecho público cuánto piensan recaudar por cada partida– genera todavía más incertidumbre e inseguridad. Haciendo cuentas sobre el inconsistente del Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea se desprenden que hay 48.000 millones de euros extra de recaudación que es imposible averiguar de dónde salen. Si atendemos al mantra que viene repitiendo María Jesús Montero de que España tiene "margen" para aumentar la recaudación en 6-7 puntos del PIB, podríamos superar los 64.000 millones de euros.
Esto no ha hecho más que empezar. Prepárense para lo peor por culpa del Gobierno de los peores.