Llega el momento de la verdad. En tan sólo unas semanas sabremos si la Unión Europea desbloquea los 144.000 millones que Pedro Sánchez lleva vendiendo (y gastando) desde verano del año pasado o si, por el contrario, la comunidad internacional escenifica nuestra falta de credibilidad y la incapacidad para gestionar del gobierno de Sánchez.
Mi opinión al respecto es clara: España necesita el rescate europeo y, por lo tanto, deseo que nos den por bueno el maremágnum de ocurrencias liberticidas que se condensan en las 2.000 páginas remitidas a la UE. Es cierto que esta cuantía no será suficiente (ya explicamos aquí que sólo aportará el 25% de las necesidades de liquidez de los próximos años), pero sí necesaria para evitar una situación de insolvencia que nos hundiría en el abismo.
Por lo tanto, la elaboración de un plan impecable desde el punto de vista técnico, con los apoyos parlamentarios y administrativos suficientes, y con la solvencia política de quien debe sacar al país de una crisis que no ha hecho más que empezar, debería haber sido uno de los objetivos primordiales del gobierno en las últimas semanas. Desafortunadamente, han sido otros. Ahí están las leyes contra la vida, la participación activa de los principales miembros del Ejecutivo nacional en las elecciones a la Comunidad de Madrid, o los sucesivos avisos que nos llegan desde Bruselas, que sirven como ejemplos ilustrativos de que no ha sido así.
Es por ello que, ya en el plano político y de las relaciones institucionales, tengo serias dudas de que finalmente esos recursos lleguen a España. Pero también existen dudas de que el plan sea viable y acorde a lo que necesitamos. Concretamente, hay 3 grandes preguntas cuya respuesta es un claro camino hacia ninguna parte:
1. Los sablazos fiscales siguen sin funcionar
Los españoles ya hemos subido una brutal subida de la presión fiscal en este 2021. Concretamente, sufrimos una mayor factura fiscal en 10 figuras tributarias, algunas de ellas prácticamente inéditas a nivel mundial como son la Tasa Tobin y la Tasa Google.
Los planes de austeridad basados en una subida de impuestos no funcionan. Así lo demuestra la literatura económica al respecto. Y mucho menos los planes cuya memoria económica es inexistente, y cuya estimación de impacto económico es técnicamente inviable, como ya ha advertido la AIReF tras evaluar la documentación.
Y, por si esto fuera poco, la realidad que vamos conociendo avanza en este sentido: los ingresos estimados por el organismo de vigilancia fiscal por la subida fiscal planteada por el Gobierno serán un 50% más bajos de los previstos en los Presupuestos.
Tanto es así que los ingresos públicos han caído un -3,4% interanual en el mes de marzo, con una caída del 12% en la tributación indirecta porque el IVA de las recaudaciones interiores, una medida que nos acerca a la realidad de la demanda doméstica, está cayendo al 20%.
Lo que estamos viendo en este momento es la ya clásica estrategia de las bombas de humo del Gobierno de España. ¿Alguien cree que el mismo partido que se inventó el modelo gratuito de uso de las infraestructuras de transporte va a ser quien acabe con él? Las autovías pagadas por todos (nunca han sido gratuitas) es una ocurrencia socialista de los años 80 y un modelo prácticamente inédito en Europa. Sánchez se estrenó en su legislatura eliminando algunos peajes. Es impensable que dé marcha atrás en un movimiento como ese.
Lo que sí que hará, casi con toda seguridad, es eliminar los beneficios fiscales por la tributación conjunta y cualquier figura que afecte directamente a las clases medias y bajas, porque ahí es donde está la capacidad recaudatoria real. Y, recuerden: Este gobierno sólo se mueve por la voracidad fiscal que permita seguir sus desmanes. No les importa que:
Según el Instituto de Estudios Económicos haya un potencial ahorro de 58.000 millones de euros por hacer el gasto más eficiente. Que la AIReF, entonces dirigida por Escrivá, pusiera en tela de juicio 30.000 millones de euros de gasto, incluyendo 14.000 millones de euros en subvenciones sin ningún tipo de seguimiento. O que, según FUNCAS, tan sólo el 30% del aumento del gasto en 2021 recogido en los PGE sea para cubrir partidas de carácter social.
Lo importante es mantener sus redes clientelares y sus estructuras de poder, aunque sea a costa de los ciudadanos.
2. El ciclo electoral importa
Sánchez y sus secuaces se han comprometido con Bruselas a sacar adelante la mayor subida de impuestos de nuestra historia en 2022 y 2023. Algo que no deja de ser curioso, teniendo en cuenta que noviembre deberíamos estar en período electoral.
La gente no quiere pagar impuestos. Por mucho que se empeñen los intervencionistas y medios afines en mostrar personas felices pagando impuestos para financiar servicios públicos, el ciudadano de a pie lo único que desea es pagar lo imprescindible para mantener un estado de bienestar de calidad.
Miren lo que tardó el PSOE el fin de semana pasado en dar una falsa marcha atrás en relación con la tributación conjunta del IRPF. ¿De verdad alguien cree que una factura de 90.000 millones de euros, 2.000 por ciudadano, la van a sacar adelante en pleno proceso electoral?
Sánchez miente a alguien: puede ser a los españoles, porque tiene previsto adelantar las elecciones a este mismo año; o puede ser a Bruselas. Pero los tiempos no cuadran. Por no hablar del frágil equilibrio parlamentario, que se irá endureciendo y complicando la ejecución de un plan que ha nacido sin consenso conforme se acerque la fecha electoral.
3. Este plan no va a funcionar
Sánchez ha partido de una base equivocada para elaborar este plan. Y, como consecuencia, ha llegado a conclusiones equivocadas.
Primero, el problema de España no es de ingresos, sino de gasto. El diferencial de presión fiscal (ingresos públicos como porcentaje del PIB) con respecto a la Unión Europea no es de 7 puntos porcentuales, sino de 2, según el Banco de España. El objetivo de ingresos estructurales debería rondar, por lo tanto, los 20.000 millones de euros, quedando el grueso del plan de ajuste en la parte del gasto.
Unos ingresos que es más probable que se obtengan incentivando la actividad económica y armonizando nuestra tasa de paro y el tamaño de nuestro tejido productivo con el de la UE que sablando a impuestos a una población cada vez más pobre, con menos trabajo y con una economía que cada vez se parece más a un erial.
En segundo lugar, a día de hoy no hay ningún analista que crea que este plan va a funcionar. Basta con mirar las estimaciones del FMI o de muchos analistas para ver que vamos a seguir siendo líderes en déficit público en Europa durante los próximos años. Tanto es así que aún no se vislumbra el año en el que volvamos a cumplir los criterios de estabilidad europeos (menos del 3% de déficit y del 60% de deuda). Además, mantenemos el déficit estructural (independiente del ciclo económico) más abultado de la UE.
Y, por último, aunque no menos importante, está la posibilidad (creciente) de que esta crisis económica mute en una crisis de carácter financiero. Ya hay organismos que comienzan a alertar de esta posibilidad, y España sería uno de los países más vulnerables.
En resumen: Sánchez ha enviado a Bruselas un documento sin las reformas estructurales que nos llevan pidiendo años y con un plan fiscal que presenta serias dudas e incongruencias. Ahora España se asoma a la estanflación que algunos llevamos advirtiendo desde el año pasado y el único plan es el del marketing y la propaganda.
Una pena. Podríamos ser un ejemplo para el mundo y, sin embargo, vamos camino de ser el modelo a evitar.