Justo un día después de las elecciones madrileñas, el Gobierno ha desvelado toda la información del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió la semana pasada a Bruselas. El extenso documento supera los 2.000 folios y está dividido en 30 "fichas" entre las que se distribuyen los detalles del plan: "Sostenibilidad de las pensiones", "mejora de la eficacia del gasto público", "revalorización de la industria cultural", "nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo"… Así hasta 30.
La misión de este plan tiene dos objetivos principales: justificar en qué va a gastar el Ejecutivo de Sánchez el dinero de Europa y explicar qué reformas va a acometer a cambio. Una de las metas más importantes del Gobierno es la de aumentar los ingresos del Estado y eso implica elevar la fiscalidad. Eso sí, a subir los impuestos los socialistas ha preferido llamarlo "adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI". Con este eufemismo han bautizado a la ficha 28, que es la que contiene algunos detalles del sablazo fiscal que le espera a los contribuyentes españoles.
Algunas de las subidas tributarias enviadas a Bruselas ya han sido puestas en marcha este año, como el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Tasa Google), el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (Tasa Tobin), el Impuesto sobre las Primas de Seguros o la subida de dos puntos del IRPF para las rentas superiores a los 300.000 euros. De hecho, este golpe a las rentas altas ya confisca más del 50% de la renta a los más ricos de algunas CCAA, como Canarias, La Rioja, Navarra y la Comunidad Valenciana.
También este año, el Gobierno ha reducido los beneficios fiscales de los planes de pensiones desde los 8.000 euros a los 2.000, perjudicando a 2,9 millones de contribuyentes, admite el propio documento enviado. Pero este no es el único beneficio fiscal podría desaparecer.
13 beneficios fiscales, a juicio
La eliminación de la reducción por la tributación conjunta del IRPF es uno de ellos. Esta medida ha generado una gran polémica en el Gobierno desde este fin de semana. Que el Gobierno pretenda darle un hachazo a las familias de 2.293 millones de euros (cálculo de la Airef) ha desatado tal oleada de críticas, que el Ejecutivo de Sánchez se ha visto obligado a desdecirse de una medida que ha puesto por escrito en varias ocasiones. Concretamente. el 13 de abril y el 27 de abril.
Tal es el despropósito, que este miércoles, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, calificaba de "errata" al texto del Gobierno. "Estamos hablando de una errata dentro del cuerpo del Plan. El texto puede dar lugar a una mala interpretación", ha dicho Calviño. Lo publicado por el Ejecutivo en esas dos ocasiones es lo siguiente.
Tanto Nadia Calviño como María Jesús Montero han asegurado esta semana que la eliminación de esta reducción en el IRPF sólo está en fase de estudio por su "Comisión de Expertos" para la reforma fiscal. Ambas han insistido mucho en que eso no significa que se vayan a subir los impuestos en esta categoría finalmente. Eso sí, ante Bruselas reconocen que su grupo de trabajo evaluará cada uno de los 13 beneficios del IRPF, IS, IVA e IIEE que puso en entredicho la Airef en 2020. Suprimirlos todos supondría una mordida al bolsillo del contribuyente de 35.000 millones de euros. Son los siguientes:
A partir de febrero de 2022, cuando sus expertos emitan el primer informe, el Gobierno irá decidiendo sobre la eliminación —o no— de estos beneficios fiscales. Además, este comité de expertos se encargará de ir "buscando la riqueza allí dónde la riqueza se encuentra", promete el Gobierno a Bruselas.
Planificarán, entre otras medidas, la armonización fiscal, que implicará una subida del Impuesto de Sucesiones en la Comunidad de Madrid, Andalucía o Cantabria, regiones que gravan con menos impuestos a las herencias. El Gobierno no menciona directamente a Sucesiones, pero "evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA". La fecha de entrada en vigor de la reforma fiscal será el primer trimestre de 2023. En este punto también está incluido Patrimonio.
Diésel, matriculación, circulación…
Además, impondrán varias subidas de impuestos llamadas "medioambientales", como la de los plásticos y sobre residuos, que entrarán en vigor este año, y la subida de los impuestos de matriculación y circulación, para 2022.
Asimismo, en el segundo trimestre de 2022 se aprobará la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados y en el cuarto trimestre de 2022 se revisará la imposición sobre los hidrocarburos, con la finalidad de subir el diésel porque "los tipos impositivos en el Impuesto sobre Hidrocarburos son más elevados para la gasolina que para el gasóleo".
Además, se comprometen a "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras", que incluirá autovías (en 2024), pero podría ampliarse a más carreteras. También pretenden "revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones". Esto encarecerá los vuelos. Ninguna de estas cuatro últimas subidas estaba prevista.
Por último, abren la puerta a aplicar más impuestos sobre los conductores: "Con el fin de lograr una movilidad más sostenible, deberán analizarse las figuras que gravan o que podrían gravar la utilización o disposición de vehículos o el uso de carreteras, entre otros". No dan detalles sobre cuánto piensan recaudar con cada uno de los nuevos impuestos.