El Gobierno ha decidido tomar el control de la Sareb, la sociedad creada a finales de 2012 para dar salida a los activos inmobiliarios de la banca rescatada, pero antes tiene que buscar la fórmula legal para conseguirlo y hacerse con más de la mitad del capital de la compañía que no está en manos del Estado.
A finales de marzo, la oficina estadística Eurostat decidió incorporar la Sareb, también conocido como "banco malo", dentro del perímetro de las cuentas del Estado, lo que obligó a sumar 35.000 millones de deuda pública en 2020 y más de 10.000 millones de déficit.
A partir de ahí, según fuentes del Ejecutivo, el Gobierno empezó a barajar la idea de que, si el riesgo de la compañía lo asumía íntegramente el Estado, tenía más sentido que la Sareb dejara de tener accionistas privados -entre los que se encuentran el Santander, CaixaBank y el Sabadell- y pasara a ser una sociedad pública al 100%.
Desde su creación, la Sareb quedó inicialmente fuera de las cuentas públicas porque la participación del Estado era inferior a la mitad (45,9%), pero, a ojos de Europa, como la sociedad ha ido acumulando pérdidas desde su creación y su deuda está avalada por el Estado, España debe contabilizarla dentro de sus cuentas públicas.
Además de la deuda de la Sareb, también se incorporó al ámbito público la cartera de la sociedad, lo que permitirá reducir el volumen de deuda a medida que se vendan sus activos inmobiliarios, ya sean préstamos o inmuebles.
Por otro lado, el patrimonio neto negativo de la Sareb a cierre de 2020, unido a las pérdidas de ese ejercicio, hicieron que el Estado sumara unos 10.000 millones de déficit público bajo la rúbrica de ayudas financieras.
El cambio en la consideración de la compañía que preside Jaime Echegoyen es lo que ha hecho al Gobierno plantearse la idea de tomar el control del 100% de la Sareb y dejar en el aire la posibilidad de ampliar su vida, inicialmente limitada a 2027, explican las mismas fuentes del Ejecutivo.
Aunque la sociedad pase a ser únicamente del Estado, la intención es que la Sareb siga manteniendo el mandato con el que se creó y continúe dando salida a los activos inmobiliarios que posee, al margen de los compromisos alcanzados para ceder viviendas sociales.
Después de junio
El próximo 27 de mayo la Sareb celebra su junta de accionistas para aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión de 2020; en el mismo encuentro la compañía propondrá la conversión de 1.430 millones de deuda subordinada en capital, ya que éste se va reduciendo a medida que la sociedad continúa con su actividad.
Sin embargo, gracias a que la Sareb está habilitada para seguir operando aunque sus recursos propios sean negativos, lo que en otras compañías es causa de disolución, no tiene que ser recapitalizada.
Esos 1.430 millones de capital servirán para cubrir las pérdidas de 2020, que ascendieron a 1.073 millones, y el resto del dinero, previsiblemente, se consumirá en los primeros meses de este año, clave para que el Estado pueda hacerse con el 100% sin tener que pagar nada a los inversores privados.
Es decir, bastará con comprarles sus participaciones por un precio simbólico y podrá hacerlo en cualquier momento a partir de junio de este año, cuando ya se haya llevado a cabo la conversión de los 1.430 millones de deuda en capital.
Aun así, la Sareb se constituyó a finales de 2012 en base a un real decreto que establecía el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y recogía que "en ningún caso" la participación pública en el conjunto de las participaciones directas o indirectas podía ser igual o superior al 50%.
Por lo tanto, el Gobierno tendrá que buscar la fórmula legal para salvar ese escollo y podría pasar por una futura aprobación por parte del Consejo de Ministros de una modificación de ese real decreto que libre al Estado de ese requisito.
Algunos de los bancos accionistas de la Sareb han explicado a Efe que en ningún momento han pedido al Ejecutivo dejar de formar parte del accionariado de la sociedad, sino que ha sido una decisión tomada por el Gobierno que respetan y que consideran que tiene sentido tras el cambio de criterio de Eurostat.