La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado este martes que el Gobierno ha aprobado un decreto, realizado por 9 ministerios, con el fin de prorrogar durante tres meses las medidas "económicas y sociales" que de otra forma decaerían con la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo.
En este decreto se incluye una prórroga de tres meses, hasta el 9 de agosto, de las medidas de protección "excepcional" en materia socioeconómica, ya que muchas de ellas necesitaban soporte legal para mantenerse en el tiempo.
Se trata, según Carmen Calvo, del bono social "para hacer frente a la pobreza energética", de las medidas protectoras en materia de vivienda —entre las que se incluía la prohibición de los desahucios mientras dure la pandemia— e incluso algunos asuntos que a lo largo de estos meses han empezado a dar "problemas", como pueden ser la obligación que hay en la ley de la propiedad horizontal de hacer las reuniones de las comunidades de propietarios en términos presenciales.
Así, se suspenden los desahucios "para hogares en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional" y se amplía la posibilidad de solicitar la prórroga de 6 meses del contrato de arrendamiento "y así evitar subidas abusivas", apunta el Gobierno. Además, los grandes propietarios "deben aplicar a los inquilinos en situación de vulnerabilidad algunas de estas dos opciones": quita del 50% del alquiler o reestructuración de deuda a lo largo de, al menos, 3 años.
Asociaciones como la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ya denunciaron que suspender los desahucios sin contraprestación "será una ruina para el pequeño propietario". Como ya publicó Libre Mercado, han pasado más de 4 meses desde que el Gobierno prometiera una compensación a los dueños de los pisos por la paralización de los desahucios debido al coronavirus y nada se sabe de su puesta en marcha. Los propietarios con inquilinos morosos han quedado abandonados.