España es uno de los países avanzados con más impuestos al trabajo. Nos situamos cinco puntos por encima de la media observada en las economías del mundo desarrollado y, además, somos uno de los pocos miembros de la OCDE que no ha aprobado medidas de alivio para reducir la carga fiscal del trabajo tras el estallido de la pandemia del coronavirus.
Según el informe Taxing Wages, que elabora anualmente la propia OCDE, 29 de sus 37 países miembros han reducido la "cuña fiscal", entendiendo como tal la combinación del Impuesto sobre la Renta y las cotizaciones sociales pagadas tanto por las empresas como por los trabajadores. Sin embargo, la Administración Sánchez se sitúa entre la minoría de gobiernos desarrollados que no ha actuado en esta dirección.
El "infierno" por excelencia en lo referido a la carga tributaria que soporta el empleo es Bélgica, puesto que su "cuña fiscal" supone el 51,5% del coste salarial bruto. Alemania, con un 49%, y Austria, con un 47,3%, completan el podio del deshonor. También destacan para mal los datos de Italia (46%), República Checa (43,9%) o Hungría (43,6%).
Sin embargo, España no está mucho mejor que estos países y, de hecho, se sitúa por encima del promedio y en la zona media-alta de atabla. El 39,9% del salario medio percibido por un trabajador español termina dedicado a pagar IRPF y cotizaciones sociales, cinco puntos más que en la OCDE (34,6%).
Por encima de los nórdicos
Resulta llamativo comprobar que los países nórdicos a los que tanto alude la izquierda política y mediática española registran niveles más bajos de presión fiscal sobre los salarios: 35,8% en Noruega y Dinamarca, 32,3% en Islandia, etc.
De entre las economías integradas en la OCDE, algunos de los datos más bajos en lo referido a la "cuña fiscal" son para Chile (7%), Nueva Zelanda (19,1%), Suiza (22,1%), Israel (22,4%), Corea del Sur (23,3%), Estados Unidos (28,3%), Australia (28,4%). También se sitúan por debajo del promedio Reino Unido (30,8%), Irlanda (32,3%) o Japón (32,7%).