El Gobierno pretende eliminar la reducción por hacer la declaración de la Renta de forma conjunta. Según el ejecutivo, el beneficio fiscal para las parejas que tributan de forma conjunta no son feministas porque "genera un desincentivo a la participación laboral del segundo perceptor de renta", que suelen ser las mujeres.
Esta medida, recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y adelantada por el diario El País, se adoptará mediante el establecimiento de un régimen transitorio y se incorporará de forma "paulatina". La reducción en la base imponible del IRPF por tributación conjunta asciende, en el caso de unidades familiares integradas por ambos cónyuges, a 3.400 euros, y en las monoparentales, a 2.150 euros.
La medida supondrá un mazazo para las familias con ingresos inferiores a 5.550 euros (cuantía del mínimo personal) que no tenga descendientes o ascendientes a su cargo. También afectará negativamente a las familias en las que solo trabaja uno de los miembros.
La iniciativa del Gobierno va en línea con la recomendación formulada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe de revisión del gasto público en beneficios fiscales, publicado en julio de 2020. En ese documento, la AIReF abogaba por suprimir el sistema de tributación conjunta, que supone una pérdida de recaudación de 2.392 millones al año, porque desincentiva la participación laboral de las mujeres, aunque sí admitía que cumple su objetivo de beneficiar a los hogares con un único preceptor de rentas.
La AIReF proponía entonces establecer un régimen transitorio de eliminación del sistema para no perjudicar a las familias con menor capacidad de adaptar sus decisiones de participación a la nueva situación y compensar el posible efecto negativo con nuevos incentivos a la participación laboral de las mujeres.
Revisión de las pensiones
También con el objetivo de avanzar en igualdad, el Plan señala que la futura reforma de pensiones "revisará el procedimiento de integración de lagunas de cotización", es decir, de los periodos en los que no se haya trabajado, "para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más fragmentadas".
Esta fragmentación de las carreras laborales, que acaba afectando al cálculo de la pensión, está muy asociada a la temporalidad, añade, lo que afecta especialmente a jóvenes y mujeres.
Menos tipos de contratos
Entre las medidas en materia laboral previstas en el Plan de Recuperación figura una simplificación de las modalidades de contratación, una regulación adecuada de los contratos de formación, la promoción de los contratos fijos-discontinuos para actividades estacionales o la penalización de la excesiva utilización de contratos de muy corta duración.
También prevé un Plan 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes y programas de formación en proyectos de interés público y social, de primera experiencia profesional en las administraciones públicas o de investigación.