El tiempo y los tribunales dirán si el rescate de 53 millones de euros aprobado hace escasas semanas por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra (empresa española participada al 47% por empresarios venezolanos vinculados al régimen chavista), además de un inadmisible despilfarro del dinero del contribuyente, constituye un delito de prevaricación o de malversación de fondos públicos.
Por de pronto, la titular del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, tras la denuncia del sindicato Manos Limpias, ha decidido abrir este miércoles una investigación por un delito de malversación contra quince altos cargos del Gobierno, entre ellos las secretarias de Estado de Hacienda, Inés Bardón, y Economía, Ana de la Cueva. Y no es para menos: por mucho que la ministra de Economía, María Jesús Montero, tuviera en su día la desfachatez de calificar a Plus Ultra de “relevante y estratégica por el nicho de mercado que ocupa” y de considerarla “financieramente viable”, lo cierto es que la aerolínea sólo tiene en la actualidad un avión, sus vuelos representan únicamente el 0,03% de la movilidad aérea de AENA y conectan España únicamente a Venezuela, Perú y Ecuador, destinos a los que con mucha mayor frecuencia viajan los aviones de Iberia y Air Europa.
En cuanto a lo de que Plus Ultra es “financieramente viable”, lo cierto es que no ha logrado beneficio alguno desde que nació, en 2011; que cerró 2019 con unos números rojos de más de dos millones de euros y que acumula en los últimos años pérdidas por más de 10 millones de euros.
Si la SEPI ha regado a esta aerolínea con 53 millones de euros teniendo tan solo 350 empleados, ya dirá el Ejecutivo qué empresa española ha recibido un rescate equivalente a 150.000 euros por trabajador.
Mientras deniega ayudas a miles de pequeñas y medianas empresas españolas, abocándolas a la quiebra, el Gobierno social-comunista se dedica ayudar a una compañía cuyo presidente tiene que agradecer al régimen chavista casi tanto como Podemos. Qué asunto más turbio. Urge esclarecerlo, caiga quien caiga.