El Ejecutivo nacional está trabajando en una reforma del sistema de pensiones y la posibilidad de ampliar a 35 años el cálculo de la jubilación ha llegado a estar sobre la mesa. De aplicarse, las pensiones podrían recortarse más de un 8%, según destaca el observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson. Los colectivos más afectados serían las mujeres, cuya pensión disminuirá un 30% más que la de los hombres, y los autónomos, con una bajada del 10,3%, frente al 8,6% de reducción en el régimen general.
El último informe del Observatorio de Pensiones de WTW analiza el impacto que tendría la ampliación de 25 a 35 años el periodo para calcular la jubilación sobre la cuantía de la Base Reguladora y la pensión inicial de los futuros pensionistas, así como sobre el gasto total en pensiones. Asimismo, los expertos han investigado cómo esta medida afectaría en mayor o menor medida a determinados grupos de trabajadores según sus diferentes características.
La variable más relevante es, según el análisis, la duración de la carrera laboral, ya que los individuos con carreras cortas verían disminuir su pensión un 15% frente a aquellos con carreras largas (primer cuartil, equivalente a más de 43 años y 8 meses cotizados), que sufrirían la mitad de reducción (7,5%). Asimismo, detecta un posible problema de discriminación indirecta por razón de género, ya que las mujeres presentan carreras laborales más cortas, con lo cual su pensión inicial se recortaría un 10,3%, frente a un 7,9% en el caso de los hombres. Esto supone una reducción superior al 30% para las mujeres, respecto a los hombres.
Otro de los colectivos más perjudicados por el alargamiento del periodo de cómputo, según desvela el informe, serían los autónomos, con una bajada del 10,3%, frente al 8,6% de reducción en el régimen general. Esto es debido a que la inmensa mayoría cotizan por las bases mínimas durante los periodos más alejados de la edad de jubilación y a que los meses no cotizados computan con cero euros para este grupo, penalizando fuertemente el valor de la Base Reguladora.
En cuanto al impacto sobre el gasto en pensiones, el análisis muestra que el ahorro que genera esta medida tardaría bastantes años en notarse, como ocurre con todas las medidas que afectan solo a las nuevas pensiones de jubilación y, además, se implantan en un largo periodo transitorio. Concretamente, en 2040 el ahorro sería del 0,65% del PIB de ese año, pasando en 2050 al 0,88% del PIB, para empezar a descender paulatinamente a partir de esa fecha, llegando en 2067 al 0,64% del PIB.
Como explica Rafael Villanueva, Manager de Retirement de Willis Towers Watson, "creemos que la ampliación del cálculo de la Base Reguladora debería hacerse, ya que mejoraría la contributividad y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, conviene señalar que habría que tener cuidado con tres elementos: no se debería acompañar de la elección de los mejores años de cotización; habría que prestar atención a la posible modificación de la integración de los años no cotizados; y, por último, podrían surgir problemas por la posible discriminación por razón de género".