El portal inmobiliario Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler han realizado una encuesta entre 800 propietarios de vivienda que tienen al menos un piso destinado al alquiler. El estudio pretende analizar y dar visibilidad a la percepción que tienen los propietarios, en el marco de los continuos cambios legislativos que está enfrentando el sector y de los reiterados ataques a la propiedad privada impulsados por la izquierda política y mediática de nuestro país.
La gran mayoría de propietarios (58%) opinan que el intervencionismo del Estado en los alquileres privados frena el aumento de la oferta de viviendas de alquiler. Solamente un 15% dice estar en desacuerdo. Se plantea, pues, un rechazo evidente a la línea que está siguiendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez y al tipo de políticas que las fuerzas de izquierda han impulsado en ciertas comunidades autónomas, como Baleares, o ayuntamientos, como Barcelona.
El 60% piensa que el Estado solamente debe intervenir en los precios del mercado de alquiler de vivienda pública, frente a apenas un 14% que ve procedente su actuación en la esfera privada. Sin embargo, el gobierno de coalición conformado por PSOE y Podemos está discutiendo este tipo de propuestas y, de hecho, en regiones como Cataluña ya se aplica este tipo de límite a la libertad de precios.
Los propietarios reclaman que se busquen fórmulas atenuantes del intervencionismo, como las rebajas de impuestos o la mejora de los procedimientos de desahucio. Así, un 67% pide una mejora en la fiscalidad de los arrendadores como contrapartida a las intervenciones regulatorias en el mercado. Por otro lado, el 75% admite que aceptaría el refuerzo de la regulación de mejor grado si, a cambio, se acelerasen los procedimientos de desahucio para recuperar viviendas lo antes posible y evitar problemas como la okupación.
En cualquier caso, el 69% denuncia que se está trasladando a los propietarios, a través de la regulación, la obligación de la Administración de proporcionar más oferta de vivienda y facilitar el acceso a la misma. Por eso, predominan quienes piden a las autoridades que, si desean favorecer la oferta, faciliten el desarrollo de obra nueva y, si es necesario, aumenten el parque de vivienda pública.
Inseguridad jurídica
Un 73% apuesta por disponer de un fichero o registro oficial en el que figuren los antecedentes de impago de quienes aspiran a ser inquilinos. Por otro lado, un 68% opina que suspender los desahucios provoca inseguridad jurídica entre los inversores y los propietarios, mientras que solo un 8% dice estar en desacuerdo.
Refiriéndose específicamente al Real Decreto-ley 37/2020, aprobado durante el Estado de Alarma y consagrado a suspender los desahucios, el 65% de los propietarios afirma que esta acción de la Administración Sánchez "no respeta la propiedad privada" y "es una invitación a la okupación". De hecho, solamente un 17% se pronuncia en contra de estas afirmaciones.
El 68% recalca que la expropiación de viviendas vacías sería un ataque a los derechos fundamentales de los propietarios. Solamente un 10% opina lo contrario. Un 79% dice sentirse desprotegido jurídicamente ante cualquier problema con su inquilino. Solo el 4% declara que no se siente identificado con este sentir.