La pandemia de coronavirus ha hecho mella en la economía de todos los países. En el caso de España, y según datos del FMI, la caída del PIB ha sido del 11%, la mayor de toda la UE, representando el peor año desde la Guerra Civil. La excepcional magnitud de este desplome solo es compartida por un pequeño puñado de países a lo largo y ancho del mundo. Uno de ellos es, indudablemente, Argentina.
Concretamente, el producto interior bruto del país presidido por el izquierdista Alberto Fernández se ha visto reducido en un 10% en 2020. En el continente americano, solo Perú (-11,1%) y Venezuela (-30%) cosechan datos peores, mientras que en el resto del mundo únicamente las economías de España (-11%), Iraq (-10,9%), Líbano (-25%) y Macao (-56,3%) se vieron más perjudicadas que la Argentina.
Por otro lado, y en adición a la caída del PIB, Argentina afrontó el pasado año una inflación desbocada. Si utilizamos el IPC como indicador de la subida de precios, este se disparó un 36,1% en 2020, según reportó el gobierno, mientras que el FMI eleva la cifra al 42%. Y esto solo a nivel agregado, ya que algunos productos, como el vestido y el calzado, dispararon su precio en un 60%. En otras palabras: lo que en 2019 valía 100 pesos, en 2020 pasó a valer 160.
Para contextualizar estos datos, recordemos que Argentina sufrió inflaciones iguales o más profundas en los años anteriores: 53,8% en 2019 y 47,7% en 2018, como parte de una tendencia al alza que arrastra el país en todo el XXI y que ha generado tasas de inflación de dos cifras ininterrumpidamente desde 2006. En cuanto al PIB, la caída de 2020 se suma a la recesión de 2019 y 2018.
La suma de una brusca caída de la actividad y la incesante inflación tienen consecuencias demoledoras en el empleo, con datos de paro superiores al 11%, así como en el nivel de vida de la población. La tasa de pobreza en Argentina ascendió en 2020 hasta el 42%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además, la afluencia a comedores sociales pasó de 8 millones de personas a inicios de 2020 a 11 millones tras la irrupción de la pandemia.
Nefasta gestión de la crisis
Desde el comienzo de la pandemia, la estrategia seguida por Argentina ha estado marcada por los confinamientos estrictos, cuarentenas medievales y un flagrante desprecio por las soluciones flexibles o quirúrgicas implantadas en otros países. ¿El objetivo? Salvar el mayor número de vidas posibles, dejando en un segundo lugar la recuperación de la ya de por sí maltrecha economía argentina.
Concretamente, Alberto Fernández decretó el 19 de marzo de 2020 el mecanismo ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio), un confinamiento estricto de 15 días que fue extendiéndose en el tiempo. Al principio, la aceptación de las medidas fue elevada, llegando incluso hasta el 85% de aprobación a finales de marzo, pero los argentinos no podían imaginarse lo que estaba por venir.
Lejos de mejorar, la situación sanitaria continuaba siendo grave. La población, en necesidad imperiosa de ganarse el pan y no caer en la indigencia, fue desobedeciendo las duras restricciones, mientras que el gobierno renovaba el confinamiento, una y otra vez, cada quince días. El ejecutivo, consciente de la situación, llegó a animar a los ciudadanos a delatarse entre ellos: "Si sabes de alguien que no está respetando el aislamiento, llama al 134 y denuncia", rezaba un anuncio de televisión.
Con el tiempo, Argentina se convirtió en el país con la cuarentena más larga del mundo. Si bien las medidas fueron suavizándose, el confinamiento se prolongó durante un total de 234 días, hasta el 8 de noviembre, aunque posteriormente se implantó el DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio), un mecanismo de restricciones menos severas que seguirá en vigor al menos hasta el próximo 30 de abril.
Sin embargo, en contrapartida a las duras restricciones, el país sudamericano no ha destacado por una correcta política de testeo, sino todo lo contrario: se sitúa entre los países del mundo que menos test covid hacen con relación a su población.
Argentina quiso apostar por primar la salud a la economía, pero, como ha ocurrido en España, no ha logrado mantener a flote ninguna de las dos. Concretamente, la tasa de fallecidos de covid por millón de habitantes cerró el 2020 con 962 víctimas por millón de habitantes, cifra solo superada en el continente americano por Perú (1.159) y México (984). Esto coloca al país en el top 20 mundial de naciones con mayor mortalidad por coronavirus al cierre de 2020 y en la 12º nación con más positivos confirmados, pese a que solo es el 32º país por población total. En definitiva, se trata de cifras mucho más graves que las sufridas por otros países que han optado por modelos de restricciones notablemente más flexibles.
Para colmo, en medio de toda esta situación, el gobierno de Alberto Fernández adoptó medidas tan impopulares y controvertidas como la puesta en libertad de miles de presos, algunos de ellos por delitos graves, para que estos pasaran la cuarentena en sus hogares, lo que generó en el país un fuerte clima de inseguridad.
Mucho más allá del coronavirus
Tal y como adelantábamos al comienzo, la adversa situación que atraviesa Argentina va mucho más allá de la coyuntura puntual que se ha experimentado a raíz de la pandemia. El país arrastra durante años una inflación descontrolada, y es víctima de las funestas decisiones adoptadas por parte de la clase política, que los ciudadanos no parecen ser capaces de revertir a través de las urnas. Argentina es la descripción perfecta de cómo un país puede pasar de ser el más rico del mundo a experimentar una situación de pobreza generalizada en apenas un siglo.
En mayo de 2020 el gobierno de la nación se vio obligado a anunciar un default o impago de la deuda, algo que sería noticia si no fuera por que es algo que ya ha ocurrido innumerables veces en la historia de Argentina. De hecho, la deuda pública del país cerró el 2020 por encima del 100% del PIB, aunque recordemos que ya se encontraba en el 90% el año anterior.
Y es que la adicción del país del tango por la deuda y la indisciplina presupuestaria viene de largo: entre 1960 a 2018, Argentina experimentó un déficit fiscal crónico promedio del 4,4% de su PIB, siendo raros los años en los que el Estado ingresó más dinero del que gastó.
Por no hablar de la inestabilidad política: hubo seis golpes militares tras la Primera Guerra Mundial (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976); la Corte Suprema, así como la Constitución, han sido reformadas en innumerables ocasiones desde el primer gobierno de Perón; y la inseguridad jurídica, fruto de las nacionalizaciones y las restricciones a la inversión, se ha vuelto crónica.
En definitiva, la política argentina es una sucesión corrupción y descontrol fiscal, todo ello unido a un fuerte populismo y una forma de gobernar basada en las ocurrencias. La última de ellas ha sido la idea de restringir las exportaciones de carne para evitar los movimientos especulativos: "No nos va a temblar el pulso a la hora de cerrar las exportaciones de carne", declaró la secretaria de Comercio Exterior el 10 de abril.
Esta deriva de Argentina debe ser tomada como un aviso para otros países, incluido España, y es que el salto entre prosperidad y miseria puede darse antes de que siquiera nos demos cuenta. Algunas medidas, como la anunciada barra libre a los piquetes de huelga en nuestro país, es solo un ejemplo de la latente y temida argentinización de España.
Paraíso para los políticos
Como contraste a la dura situación que atraviesa Argentina, nos encontramos con que una parte privilegiada de su población vive montada en un lujoso tren de vida. Estamos hablando, cómo no, de sus políticos.
Para hacernos una idea de la brecha existente entre los políticos y el resto de la población argentina podemos comprar sus salarios percibidos. El salario medio de Argentina en 2020 se situó en 44.700 pesos (unos 447 euros, aplicando un tipo de cambio de 100 pesos por euro), mientras que el salario mínimo se situó entorno a los 20.000 pesos (200 euros). En contraste, la remuneración de un político de la Cámara de Diputados se sitúa en 238.800 pesos brutos al mes (2.238 euros).
Pero esto no es todo. Pese a que el número de diputados en Argentina es de 257 y el número de senadores de 72, el personal que trabaja en estas dos instituciones es inexplicablemente elevado. Concretamente, en el primer organismo trabajan 2.161 personas (ocho trabajadores por diputado), mientras que en segundo hay 1.470 trabajadores (20 empleados por cada senador).
Si hablamos de presupuesto asignado total y no solo de salarios, los datos son aún más escandalosos. Concretamente, el gasto asignado a senadores es de 9.157 millones de pesos, y de 9.355 millones de pesos en el caso de los diputados, lo que equivaldría a un coste total de 4 millones de euros por habitante. Todo ello sin tener en cuenta los gastos de la Biblioteca del Congreso (que cuenta con 1.700 empleados) o la Imprenta del Congreso (y sus 679 trabajadores).
A este respecto, el conocido periodista argentino Roberto Cachanosky elaboró un análisis comparativo de costes entre los legisladores españoles y argentinos, llegando a la conclusión de que en Argentina el coste para el contribuyente es casi 8 veces mayor.