El debate de los impuestos en España debería estar superado. Basta mirar nuestra historia reciente y las diferencias geográficas (tanto a nivel nacional como internacional) para darse cuenta de que una fiscalidad reducida beneficia a toda la economía nacional, y eso incluye la salud de nuestros ingresos públicos.
El Gobierno de José María Aznar consiguió sanear las cuentas públicas nacionales gracias a una apuesta por la racionalización del gasto público, la privatización de algunos de los sectores estratégicos y a una reforma fiscal que supuso una rebaja del 13,7% en el IRPF de media en 1999 y una reducción del tipo máximo del impuesto de sociedades en 5 puntos para las PyMEs.
Dos medidas que liberaban de las garras de Hacienda a cinco millones de españoles (por el IRPF) y al 91% del tejido empresarial nacional (por sociedades) y que, sin embargo, supusieron un incremento de la recaudación (medida como la presión fiscal) que nos permitió dejar de ser el país que ocupaba el último puesto en el ránking europeo y crecer notablemente por encima de la media. Tanto es así que, según la OCDE, los ingresos fiscales (como porcentaje del PIB) aumentara en 5,2 puntos porcentuales hasta el año 2000, mientras que el crecimiento en la UE fue de 1,2 puntos el de la OCDE 1,1 puntos.
O, dicho de otra manera: frente a los continuos sablazos del gobierno de González y Solbes, España pasó a ser la locomotora de Europa y el principal foco de generación de empleo (llegamos a suponer el 80% del empleo creado en el Viejo Continente a principios de los 2000) mientras escalábamos posiciones en el ránking de recaudación, hasta situarnos a la altura de Reino Unido y superar a nuestros socios irlandeses o portugueses.
Basta leer un manual básico de economía para poder observar los efectos nocivos que tiene una subida de impuestos, y muy especialmente en medio de una crisis financiera. Tanto es así que Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi explican magistralmente, en su obra “Austeridad”, y cito textualmente: “En las economías de la OCDE se observan tasas impositivas que ya son de por sí elevadas, de modo que las subidas adicionales de la presión fiscal terminan generando (…) ajustes que son profundamente recesivos a corto y medio plazo (hasta tres o cuatro años después de su introducción), lo que provoca grandes descensos en el PIB.” Tanto es así que “Cuando la austeridad se basa en subidas de impuestos, el resultado ha tendido a ser un aumento en la ratio deuda/PIB” (Alesina, A. et al., “Austeridad”, Página 19).
Y aquí llegamos a la demagogia de Sánchez y de todos los intervencionistas nacionales: se les llena la boca criticando la “austeridad” de Rajoy y, sin embargo, ellos aplican la peor de las opciones posibles: La austeridad basada en subir los impuestos.
España afrontó en 2020 el peor dato económico en tiempos de paz: Una caída del 10,8% de nuestro PIB. Hemos sido uno de los países más afectados de todo el mundo por la pandemia, y hemos registrado también uno de los mayores déficit. ¿Solución? 10 subidas de impuestos que han entrado en vigor el 1 de enero de 2021.
10 subidas de impuestos que:
- Afectan a todos, y muy especialmente a las clases medias, como es el caso de la subida de impuestos a las bebidas azucaradas, al diésel o a las primas de seguros.
- Y van a generar un agujero en las cuentas públicas superior a los 3.200 millones de euros, según la estimación que ha hecho la AIReF esta misma semana. Según este organismo, de los 6.100 millones que recogía el Gobierno en sus estimaciones de nuevos ingresos para 2021 tan sólo se producirán 2.898.
La estimación de gastos, por supuesto, se cumplirá a rajatabla. Por consiguiente, el agujero se traslada a impuestos futuros vía déficit público. O, dicho de otra manera: Pagamos impuestos hoy, y seguiremos pagando durante los próximos años la irresponsabilidad de quienes sólo gestionan emociones.
La lucha por los impuestos se ha recrudecido al calor de las elecciones madrileñas. En tan sólo una semana la ministra Montero ha afirmado que la subida de los impuestos autonómicos podría entrar en vigor ya en 2022, Gabilondo lo ha desmentido y Calviño también ha afirmado que no es momento de subir impuestos.
Y, mientras la clase política se ha dedicado a sembrar la inseguridad jurídica y la inestabilidad institucional:
- La OCDE ha dado un tirón de orejas al Gobierno de España afirmando que las subidas de impuestos en medio de una crisis como ésta es contraproducente.
- El IEE ha señalado que la subida de impuestos que plantea el Gobierno podría destruir 2 millones de empleos y tendría un impacto de 10 puntos porcentuales sobre el PIB.
- Como también ha puesto negro sobre blanco la relación directa entre una fiscalidad elevada y la economía sumergida.
- BBVA Research también ha afirmado que subir impuestos debe ser el último recurso para atajar el abultado déficit de la economía española. Hay otras palancas más efectivas y con efectos estructurales más positivas, como es la creación de empleo o la racionalización del gasto público.
La subida de impuestos parte de una de las mayores falacias económicas de las últimas décadas. Todos los partidos que pretenden intervenir (aún más) nuestra economía sacan una y otra vez gráficas en las que la diferencia en la presión fiscal (ingresos tributarios sobre el PIB) de España es 7 puntos inferior a la media europea.
Algo desmentido por el Banco de España el año pasado, en la intervención de Hernández de Cos para la Comisión de Reconstrucción y en 2018, en el informe “Estructura impositiva de España en el contexto de la Unión Europea” (pueden leerlo aquí). La diferencia real entre los ingresos tributarios en España y la media de la UE es de 2 puntos porcentuales. O, dicho de otra manera: El supuesto agujero fiscal español es de 20.000 millones de euros, y no de 80.000.
Si tenemos en cuenta que la tasa de paro en España duplica a la de la UE, incluso en los períodos de prosperidad económica, y que tenemos uno de los países con mayor peso de las PyMEs y micropymes de Europa (buena parte de ellas generando pérdidas, según la AEAT), no sería difícil concluir que el agujero fiscal se encuentra en la tributación directa (IRPF y sociedades).
La sorpresa salta cuando el Banco de España demuestra que la mayor diferencia se encuentra en la tributación indirecta (IVA) y que la tributación sobre el trabajo es uno de los factores que menor diferencia presentan.
Entonces, salta la sorpresa: Los pocos que tenemos el privilegio de trabajar (cuando el paro refleje la situación real del mercado de trabajo así será considerado tener un empleo) estamos pagando muchos impuestos, y los empresarios españoles son de los más castigados desde el punto de vista, especialmente en relación con las cotizaciones a la Seguridad Social.
Conclusiones todas ellas que coinciden con lo que demuestra:
- El propio Banco de España, que afirma que la brecha fiscal se reduciría notablemente asemejando el tipo nominal con el efectivo de IVA mediante una mejor gestión de los tipos reducidos.
- La OCDE, que calcula una brecha fiscal (diferencia entre coste salarial y salario neto percibido) del 39,5%, 3,5 puntos por encima de la media.
- Y PwC, que cifra en un 47% del beneficio bruto empresarial que va destinado a pagar impuestos y sitúa a nuestro país en el puesto trigésimo quinto (sí 35), junto a grandes potencias mundiales (nótese la ironía) como Moldavia o Ruanda.
En definitiva, seguir esquilmando a las clases medias con medidas populistas va a profundizar la crisis económica en España, además de devolvernos a ese vagón de cola en términos de recaudación que ocupábamos a finales de los ’90. La reforma fiscal que está preparando la ministra Montero debe de ir orientada a aumentar las bases fiscales. O, dicho de otra manera: A incentivar el empleo, a acabar con la economía sumergida y a atraer inversión capaz de mejorar los salarios. Y nada de eso se va a producir con nuevas figuras tributarias o resucitando aquellas que llevan años muertas en prácticamente toda Europa. Desafortunadamente, Sánchez va en otra dirección. Lo pagaremos.