Decía Ludwig von Mises en La acción humana: “El arma principal con que (...) cuenta el intervencionismo en su afán confiscatorio es el impuesto”. Casi un siglo después, sigue siendo sangrantemente cierto.
A la desesperada, Hacienda ha puesto a pleno rendimiento la maquinaria del aparato coactivo del Estado para multiplicar la recaudación. Ante el calamitoso estado de las cuentas públicas, la Agencia Tributaria pretende exprimir a modo a los contribuyentes, y para ello ha decidido azuzar a sus perros de presa, los inspectores. Así, la AEAT ha decidido incentivar a sus 24.000 funcionarios con el mayor bonus de los últimos años: nada menos que 100 millones de euros, el doble que el año pasado.
Lo que le faltaba a una España que padece su mayor crisis económica en tiempos de paz, con el desempleo real salido de madre y el sector productivo bregando por la mera supervivencia.
Y todo porque las cuentas no cuadran. Ya advertimos de que los Presupuestos de 2021 asumían unas estimaciones imposibles para una economía en ruinas como la española. El tiempo ha confirmado que los cálculos del Gobierno social-comunista no tenían un pase. El jueves, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) se convertía en el último organismo en rebajar su previsión de crecimiento económico para España, y el viernes era el propio Gobierno el que tenía que recular. Así, Nadia Calviño volvía a hacer un papelón al reconocer que el crecimiento no iba a ser del 9,8% sino del 6,5%, desfase insólito que retrata perfectamente al hatajo de incompetentes que está al frente de la economía nacional.
Para más inri, la Airef ha reducido en una cuarta parte el ambicioso plan recaudatorio contra el fraude de María Jesús Montero. Si la insolvente intelectual que comanda Hacienda consignó en los Presupuestos que el Estado ingresaría 800 millones de euros por este rubro, el referido organismo aupunta que apenas serán 217. Por eso Montero ha recurrido a los inspectores con ese bonus ominoso mientras millones de familias españolas se las ven y se las desean para llegar a fin de mes.
Que España haya sido el país desarrollado que peor rindió en 2020 y exhiba unas cifras de paro vergonzosas son razones más que suficientes para cambiar radicalmente de política económica y fiscal. Un Gobierno que celebra que se haya cerrado marzo con casi 4 millones de desempleados oficiales –más de 5 millones reales– es un Gobierno miserable, indigno e incompetente. Un Gobierno que es una amenaza de primer orden para la sociedad. El peor Gobierno en el peor momento posible.