El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha criticado este jueves a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por regular la situación de los 'riders' "sin escucharles" y "de espaldas al sector".
"Díaz no les ha recibido, no les ha escuchado, se niega a tener en cuenta sus opiniones o a trasladar lo que piensan miles de riders que se han manifestado públicamente y están haciendo una ley de espaldas a los destinatarios de la misma", ha reprochado Lasquetty, quien ha puesto en valor, además, el papel de estos trabajadores, especialmente durante la pandemia.
En este sentido ha indicado que desde el Ejecutivo regional se quiere "apoyar a los riders y asociaciones" en su "demanda de libertad" para poder continuar trabajando como autónomos o con la "figura que elijan libremente" porque tienen "situaciones diferentes".
Entiende que Díaz está tratando de "imponer un modelo ideológico" para que un "determinado programa político quede a gusto". Ha defendido, además, que esta situación a quien perjudicaría sería tanto a los riders como a los consumidores y empresas que a través de esta figura "pueden continuar su actividad", "muchos de ellos pequeños comercios y restaurantes".
La ministra presentó el 11 de marzo Yolanda Díaz, del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme. En el texto acordado por las partes se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Sin embargo, muchos riders quieren continuar trabajando por cuenta propia.
Además, el acuerdo, que se circunscribe al colectivo de repartidores, contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
En concreto, el texto dice que se recogerá en el Estatuto de los Trabajadores que las empresas deberán informar de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y el mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles.
El texto del acuerdo señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).