Este miércoles arranca la campaña de la renta 2021, un año especialmente difícil, ya que reflejará la sangría empresarial y laboral de 2020, cuando se han perdido cerca de un centenar de empresas y dos millones de empleos. Otro punto a tener en cuenta son los empleados afectados por ERTE y que se encontrarán con la desagradable sorpresa de que muchos de los que no estaban obligados a presentar declaración tendrán que hacerlo porque, al cobrar de la Seguridad Social, Hacienda entiende que han tenido, al menos, dos pagadores.
Pero Hacienda no está dispuesta a reducir la recaudación y por eso ha disparado el incentivo a sus inspectores. Tal y como han publicado varios medios, Hacienda ha pactado con los sindicatos el plan de retribución que establece un bonus de hasta 100 millones de euros con el objetivo de incrementar la recaudación de IRPF e IVA. El plan establece una cuantía de 75 millones garantizados y otros 25 millones más si se alcanzan todos los objetivos y si se adjudica el volumen total de crédito que asigna el Ministerio de Hacienda para complementar las exigencias de productividad, según recogía este martes Expansión.
Repasando los acuerdos sindicales de los años anteriores sorprende que el de este 2021 es el mayor bonus de los últimos tres años y el doble del bonus establecido el año pasado, cuando la Agencia Tributaria concedió un bonus por objetivo de 50 millones para sus 24.000 funcionarios. Este año, el bonus es incluso mayor que el de 2019, cuando remuneró a sus funcionarios con 95 millones.
No deja de llamar la atención que en el momento en que nos encontramos y con las dificultades que trabajadores, empresas y afectados por ERTE están atravesando por la gestión pública de la pandemia de la covid-19, Hacienda refuerce con sobresueldos a sus inspectores para que expriman al máximo su capacidad recaudatoria.
En Expansión nos recordaban este martes que un inspector con más de dos años de antigüedad percibe un salario bruto anual de 80.000 euros. Si consigue el cumplimiento óptimo de este plan de productividad le puede reportar otros 8.550 euros adicionales al año.
Estos incentivos están en línea con lo que pide la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda que consideran importante introducir la remuneración variable por objetivos vinculado a la lucha contra el fraude. Sin embargo, teniendo en cuenta los reproches que está recibiendo Hacienda por parte de los tribunales, este tipo de incentivos hará temblar a más de uno.
Recordemos que las fórmulas que el personal de la Agencia Tributaria tiene a su disposición para incrementar su productividad es múltiple y variada y ya la analizamos en Libre Mercado en un especial sobre las prácticas abusivas de Hacienda. Algunos ejemplos pasan por cobrar una imputación de renta por segundas viviendas o viviendas en propiedad que no son la vivienda habitual, estén estas alquiladas o no. Otra fórmula recaudatoria que ha sido considerada inapropiada por parte del Supremo ha sido la arbitraria decisión de revisar al alza el acuerdo de compraventa de vivienda para incrementar el importe a cobrar en concepto de Actos Jurídicos Documentados. O sus habituales cambios de interpretación de la norma, según los cuales lo que permitía hacer el año pasado, este año no y, por lo tanto, requiere al contribuyente lo de este año y lo del año pasado y, además, aplica una sanción literalmente por haber cumplido con sus exigencias el año anterior.
Hacienda cobra por lo ganado, por lo ahorrado, por lo invertido y por lo gastado y trata de incrementar esta recaudación tanto como sea posible, con un doble incentivo perverso. Por un lado, el bonus que ocupa esta noticia, y por otro la ausencia de reproche, desincentivo económico, multa o degradación en caso de que hagan mal su trabajo y los tribunales acaben dando la razón al contribuyente por un exceso de tributación.
Es más, "aunque hagas alegaciones en contra de un requerimiento de Hacienda con bases sólidas, y pruebas incontestables de que ese requerimiento no procede, la Administración tributaria suele no darte la razón y obligarte a, si quieres, intentar ganar el caso en los tribunales. Como en muchas ocasiones el proceso judicial te cuesta lo mismo que te están requiriendo y te vas a eternizar en el tiempo, el contribuyente termina pagando", nos cuenta un asesor fiscal.
En definitiva, la Agencia Tributaria tiene un doble incentivo para desangrar al contribuyente tanto como pueda, incluso coqueteando con los límites de la ley.