La Audiencia Nacional investiga si grandes bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas, entre ellas Félix Solís y García Carrión, cometieron un delito de estafa, publicidad engañosa y falsedad documental al vender vinos que no cumplían los requisitos exigidos por el sello de calidad.
Según los datos de Infocif, Félix Solís cuenta con 223 empleados y en 2019 cerró con unas ventas de casi 148 millones de euros. Por otro lado. la plantilla de García Carrión asciende a 202 personas y sus ventas alcanzaron en 2019 los 849 millones.
El juez José Luis Calama ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía, según ha explicado este lunes la Audiencia Nacional, que ya ha instado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional a "practicar diligencias".
Además de Félix Solís y García Carrión, también se encuentran bajo investigación las bodegas Navarro López y las de Fernando Castro; el objetivo de las pesquisas es conocer las ventas entre los años 2010 y 2019 que realizaron todas ellas de vinos de la DOP Valdepeñas, sus categorías (crianza, reserva o gran reserva) y los precios de compraventa.
La Fiscalía ha aportado documentos que apuntan a que las cuatro bodegas implicadas "han venido comercializando como vinos de crianza, reserva y gran reserva caldos que no cumplían con los requisitos de elaboración de los mismos, ni en periodo mínimo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella".
En el auto se citan varios casos en los que se observa que los datos aportados por las compañías a la DOP de Valdepeñas sobre la cantidad de vino vendida bajo su sello en cada categoría (crianza, reserva o gran reserva) son inferiores a las compras de estos mismos productos registradas por sus principales clientes.
De esta forma, el cruce de las cifras hace concluir al Ministerio Público que existe un desfase que también está "avalado por la existencia de expedientes sancionadores de la Consejería de Agricultura" de Castilla-La Mancha.
"El hecho de que las bodegas declaren a la administración autonómica una cantidad de vino vendida a los clientes y que estos clientes declaren cantidades diferentes, muy superiores a las declaradas por las bodegas, supone un indicio de falta de trazabilidad, así como de irregularidades en la comercialización", reza el auto.