Discusiones bizantinas en Twitter: ¿es la Seguridad Social un “sistema contributivo”? ¿Y ha quebrado, está quebrando o quebrará?
Bizantina y un tanto absurda. Porque, además, los que responden en un sentido a la primera pregunta se contradicen casi siempre con la segunda respuesta (incluido yo, a menudo).
Si uno piensa, como yo, que la Seguridad Social no es un “sistema” y, desde luego, no es contributivo, tampoco tiene sentido hablar de quiebras. En mi opinión, la Seguridad Social es un organismo más del Estado español, que cobra impuestos (también ese impuesto llamado “cotización”) y ofrece prestaciones (también esa prestación llamada “pensión pública”). Si quiebra algo, quebrará el Estado, no sus partes. E incluso aquí habría mucho que discutir sobre si se puede aplicar este término, propio del mundo empresarial, a lo que ocurre cuando un país no cumple con sus obligaciones de pago.
Y al contrario si uno piensa que sí hay un “sistema” y que es “contributivo”. En ese caso, no queda más remedio que admitir que ese sistema ha quebrado en el pasado, que lo sigue haciendo cada pocos años y que seguirá haciéndolo en el futuro. Los defensores del modelo actual, que tiene muchos aspectos positivos, aseguran que los sistemas de reparto “no quiebran, se reforman”. Pero ésta es una rueda de molino dialéctica que es muy complicado tragar. Las reformas se hacen sin acuerdo de los participantes y con el objetivo de pagarles menos a cambio de las mismas contribuciones (o, incluso, de pagarles menos a cambio de exigirles más pagos y durante más tiempo). Y eso es quebrar: si se quiere, una quiebra parcial, limitada, para asegurar que habrá alguien que reciba algo en el futuro... pero quiebra al fin y al cabo, con quitas y cambio de las condiciones a mitad de la partida.
Por cierto, lo mismo puede decirse del trilerismo de la “separación de fuentes de financiación”: porque ya me dirán ustedes qué “sistema” puede permitirse el lujo de decidir qué paga y qué no paga (y a quién le carga el muerto de lo que no paga) según van evolucionando sus gastos e ingresos.
En resumen, si hay un sistema, este sistema quiebra. Y si no hay un sistema, tampoco quiebra, como no quiebran los programas de subvenciones a la vivienda porque un año disminuya esta partida presupuestaria: simplemente, es el Estado acomodando los pagos a lo que tiene.
Aquí vuelvo a lo del debate bizantino porque al final, en la práctica, unos y otros estamos en las mismas: analizando la evolución de los ingresos por cotizaciones, los gastos por prestaciones, el reparto del resto de partidas del Presupuesto, la presión fiscal sobre el trabajo, etc. Que todo esto del sistema o la quiebra nos divierte mucho, pero ahora la clave es cómo podrá pagar el Estado español las pensiones en 2030, 2035, 2040. Y en esa discusión lo del sistema o el no-sistema tiene una importancia limitada.
El “pacto”
Otra ficción que también me encanta: lo del “pacto entre generaciones”. Que es como el pacto social, pero de andar por casa. No hay pacto, porque no hay consentimiento voluntario; y sería dudoso lo de las generaciones, porque los ganadores y perdedores de las pensiones públicas no dependen sólo de la edad o del momento de la jubilación.
Los trabajadores actuales pagamos cotizaciones, como el resto de impuestos, porque nos obligan. De hecho, no hay más que ver lo que hacen los que pueden elegir: no es sólo que el 80% de los autónomos coticen por la mínima; me gustaría ver cuántos (si hay alguno, aunque sea sólo uno en toda España) paga de forma voluntaria en cotizaciones el mismo porcentaje que una empresa abona por su trabajador. Pues vaya “pacto” que sólo cumplen los que no tienen otro remedio y a punta de pistola.
Lo de que lo hacemos para que otros paguen nuestras pensiones en el futuro... pues tampoco: lo que ocurre es que cuando en el futuro seamos pensionistas blandiremos nuestro voto y usaremos la retórica sobre lo que pagamos en el pasado para que la pistola apunte a otro. Y tendremos éxito, no se crean, porque seremos muchos. La pregunta es cuántos otros habrá para pagar a todos los que seremos.
Y otro argumento falaz, éste más tramposo y que sólo usan unos pocos, pero que tiene cierto éxito en los medios: lo de comparar las reformas-recortes del sistema público con los pésimos rendimientos de la mayoría de los planes de pensiones que comercializan nuestros bancos. Lo primero es un incumplimiento de una promesa o un cambio unilateral de las condiciones; lo otro es producto de la mala gestión, el precio elevado o una pésima elección de activos. Pero nunca permitiríamos que un banco nos hiciera una reforma-recorte unilateral como la que prepara el Pacto de Toledo (de nuevo, lo de la quiebra y todo eso).
La propuesta
En realidad, sólo se me ocurre una fórmula para implantar algo parecido a un “sistema” que, además, tenga algo de ese “pacto entre generaciones”. A mí me gustaría el formato, pero creo que sería extremadamente impopular. La idea implicaría poner un tope al gasto público en pensiones contributivas: yo empezaría con un poco más de lo que pagamos ahora mismo y de lo que está previsto pagar en la próxima década. Habría que hacer las cuentas, pero se me ocurre que el límite podría ponerse en un nivel del tipo 12-12,5% del PIB en 2030. Yo le añadiría un ajuste por envejecimiento de población: a partir de ese año, por cada incremento del 1% del porcentaje de mayores de 67 años respecto de la población en edad de trabajar, ese tope de gasto se elevaría unas décimas.
Esto habría que acompañarlo de una definición clara de lo que paga la Seguridad Social: por ejemplo, que abone sólo pensiones y subsidios contributivos, con ese tope de gasto del 12-13% del PIB (por supuesto, este indicador no habría que medirlo anualmente, para evitar los años malos como 2020, sino con una media de 5-7 años). Si lo recaudado con cotizaciones sobrepasa ese límite, se ahorra el excedente para los años malos (que llegarán). Si se queda corto, el Estado compensa hasta ese punto, pero no más.
El reparto de esa bolsa común del 12-13% del PIB se haría en función de lo cotizado en toda la vida activa, incluyendo elementos correctores para las rentas más bajas; para los que ya se han jubilado (a los que se protegería su pensión nominal al 100%); para los que se jubilasen de forma anticipada (corrección a la baja); y para los que trabajasen hasta los 70-72-75 años (corrección al alza).
También sería interesante cambiar la definición de “sueldo bruto”: ya que es un “pacto” por el que nos hacen promesas a futuro, que sepamos cuánto contribuimos de verdad. Todo lo que pagamos a la Seguridad Social pasaría a ser cotización “a cargo del trabajador” y desaparecería ese concepto tan dañino, por equívoco y mentiroso, que es la cotización “a cargo de la empresa”.
A partir de ahí, todos sabríamos a qué atenernos. ¿Queremos pensiones más altas para todos? Incrementemos el PIB. ¿Queremos que nuestra pensión particular sea más alta? Alarguemos nuestra vida laboral (también se podría premiar a los que empiecen más jóvenes). También aquí sería fácil poner ajustes para profesiones muy exigentes desde el punto de vista físico.
No soy ingenuo. Ni desaparecía la demagogia política (veo a los partidos españoles haciendo campaña con la promesa de cargarse el tope) ni evitaría el recorte que viene (como mínimo, en la tasa de sustitución). Pero creo que sería más justo. Y si el Estado español lograse transmitir fiabilidad en el cumplimiento a medio plazo de esta regla, su posición ante los inversores se vería muy reforzada.
Tampoco engaño a nadie. Esta reforma tendría dos problemas: (1) para los nuevos jubilados seguiría suponiendo un recorte importante en tasa de sustitución (lo que cobren será menos, en relación al salario medio de la economía y a su último salario de lo que cobraron sus padres y abuelos). (2) Para los ya pensionistas: si no conseguimos que el PIB crezca lo suficiente de aquí a que el tope comience a ser efectivo, podrían ver un recorte de sus prestaciones (quizás no en términos nominales, pero sí en términos reales).
Pero si vamos a tener un modelo puro de reparto como hasta ahora, mi argumento a favor de este tipo de reglas se sostiene en que creo que tanto el primer punto como el segundo serán inevitables. La tasa de sustitución de las nuevas pensiones va a caer sí o sí por una pura cuestión demográfica. Y si no hay crecimiento y creación de empleo, también habrá recortes en las pensiones de los ya jubilados en un momento u otro. La pregunta en ese caso sería cómo afrontar esta realidad: ¿Con un modelo previsible o con un tajo brutal a la griega? ¿Con reparto entre generaciones o con todo el recorte concentrado en los cambios en las reglas paramétricas que sólo afectan a los nuevos jubilados? ¿Con flexibilidad en las reglas de jubilación o con café para todos?
A cambio, en algún instante de ingenuidad, pienso que quizás una reforma de este tipo haría que nos centrásemos más en incrementar lo que de verdad sostiene las pensiones de cada mes: nuestra capacidad de creación de riqueza y empleo. También es verdad que yo en este sistema de reparto no confío demasiado, eso creo que ha quedado claro. Pero si, de verdad, los que afirman que esto es un “sistema” se lo creen, que actúen de acuerdo a esas creencias: reglas claras y previsibles para los que cobran pero también para los que pagan, un horizonte de estabilidad normativa a medio plazo para saber a qué atenerse y límites para evitar el cortoplacismo electoral continuo.
Dicen las encuestas que la mayoría de los jóvenes y los trabajadores de menos de 40-45 años no confían en el sistema público. No me extraña. Les han dicho no sé qué de un “pacto”. Pero no saben ni dónde firmar ni las condiciones del mismo.