El Grupo MásMovil acaba de lanzar una OPA (Oferta Pública de Adquisición), “amistosa y voluntaria”, sobre el 100% de acciones de Euskaltel. Esta última compañía es la operadora de referencia en el norte de España, ya que además de sus operaciones en el País Vasco es dueña de las marcas “R” en Galicia y Telecable en Asturias.
MásMovil intenta así consolidar su posición como cuarto operador de telecomunicaciones de España. El 52% de las acciones de Euskaltel (las controladas por Kutxabank y otros accionistas) ya comprometió su aceptación de la oferta.
Pese a que MásMovil y una mayoría del capital de Euskaltel se han puesto de acuerdo en realizar la operación, la oferta tiene dos condiciones para concretarse. La primera es que la oferta sea aceptada por al menos el 75% de las acciones. La otra es que se obtengan todas las autorizaciones pertinentes de las autoridades de competencia y regulatorias. A esto último es a lo que me quiero referir.
Se ha hecho normal que el gobierno se arrogue la capacidad de vetar una operación pese a que comprador y vendedor se hayan puesto de acuerdo. Lógicamente, lo hace en nombre de la “competencia” y del “interés general”, aunque ni lo uno ni lo otro sea evidente.
En primer lugar, las credenciales del gobierno como “defensor” de la competencia son como mínimo discutibles: es el mismo gobierno que limita la competencia, por ejemplo, en las farmacias, en los servicios profesionales, en los taxis, en la transmisión de electricidad, en el transporte de pasajeros por carretera y que además permite que las autonomías hagan lo propio, por caso, con los pisos de alquiler turístico.
Más importante, ningún análisis puede anticipar el impacto concreto que la fusión de dos empresas puede tener sobre la competencia de un sector determinado. No se puede, por ejemplo, porque nadie es capaz de saber cómo van a responder a esa fusión los clientes ni las empresas competidoras. Tampoco se pueden anticipar los avances tecnológicos con capacidad de incidir en ese mercado, cuya competencia, supuestamente, el gobierno quiere preservar.
El concepto de competencia que maneja el gobierno es antiguo, pues se basa en que hace falta un determinado número de oferentes. Sin embargo, un mercado con un único oferente (que el gobierno llamaría “monopolio”) podría ser perfectamente competitivo siempre que otras empresas tengan libertad para entrar a ese mercado. Que el gobierno deba controlar el impacto sobre la competencia de la OPA de MásMovil, cuando cualquiera puede descargar en su teléfono aplicaciones que permiten comunicarse gratis con cualquier lugar del mundo, es algo que suena obsoleto.
Que en medio de la mayor crisis económica y sanitaria en un siglo haya empresarios dispuestos a arriesgar 2.000 millones de euros para mejorar los servicios de telecomunicaciones, me parece algo heroico. Que el gobierno pueda bloquear esta operación, me parece descabellado.
No podemos permitirnos el riesgo de que un pequeño grupo de personas, por más expertas que sean, tenga la capacidad de estropear una inversión millonaria. La ley debería suprimir el control de competencia ex ante, presumir como positiva toda fusión o adquisición de empresas, y dar un tiempo de adaptación al mercado (¿dos, tres, cuatro años?). Solo después de ese plazo, en caso de flagrante abuso de posición dominante, el gobierno debería reservarse el derecho de intervenir para restablecer la competencia. Pero no obligando a unos a hacer tal o cual cosa con lo que es suyo, sino facilitando la entrada de nuevos competidores (lo que traería nuevas inversiones y empleos).
La ley actual presume que los empresarios quieren abusar de sus clientes y que estos son como niños indefensos a los que hay que proteger. De tal presunción surge la idea de que un grupo de burócratas tenga derecho de veto sobre una operación empresarial, libremente pactada, que no viola derechos de terceros. Es exactamente lo opuesto de lo que debería ser si queremos una España próspera.
Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados (@diebarcelo)