Desde hace casi una década, Portugal cuenta con un marco fiscal muy atractivo para la inversión extranjera, especialmente a través de dos medidas: una muy baja fiscalidad para los jubilados extranjeros y la concesión de permisos de residencia a cambio de inversión inmobiliaria. Algo que el gobierno de Antonio Costa ha comenzado a cambiar tras las críticas de la Unión Europea como de otras organizaciones internacionales.
En el caso de los jubilados, Portugal tiene una normativa mediante la cual los residentes no habituales tributan al 20% por las rentas obtenidas en territorio portugués y están exentos de pagar al fisco por sus pensiones, tanto en Portugal como en el país de origen. Desde 2009, el número de españoles residentes en Portugal se ha disparado un 46%. En total, unos 6.300 pensionistas españoles viven el país vecino.
Por su parte, la obtención de una golden visa era bastante sencilla y accesible para las grandes fortunas. Al comprar una casa residencial que superase un precio determinado, el Gobierno portugués concedía el visado al propietario en caso de que no fuera residente de la UE. Sin embargo, ahora han querido limitar la concesión de estos visados y ya no se concederán al comprar vivienda en Lisboa, Oporto o en el litoral del país. Una medida con la que el Ejecutivo pretende combatir el aumento del precio de la vivienda en estas zonas y desviar esa inversión al interior del país que son menos atractivas.
Por tanto, a partir de 2022, además de limitarse las zonas en las que se conceden estos visados dorados, también se mantendrá el tipo del 10% sobre las pensiones de los extranjeros residentes en Portugal. De esta manera, aquellos pensionistas que evitaban pagar impuestos tanto en territorio luso, como en su país de origen, ahora tendrán que tributar a un tipo del 10% en el país vecino.
Con estas modificaciones, el gobierno socialista acaba con las ventajas fiscales que se aprobaron entre 2009 y 2012 para atraer inversión al país. Finlandia o Suecia han acusado al país de competencia desleal.