En septiembre del pasado año, el grupo parlamentario socialista empezó a tramitar la derogación del punto tercero del artículo 315 del Código Penal, que regula las penas impuestas a quienes, de forma individual o colectiva, coaccionen a terceros a seguir una huelga. Se trata, pues, de otorgar una barra libre a las protestas violentas de sindicatos y otros colectivos, vulnerando de forma flagrante el derecho al trabajo de los asalariados que no desean respaldar los paros convocados por tales organizaciones y generando el caldo de cultivo perfecto para que tales jornadas vuelvan a convertirse en fechas marcadas por la hostilidad e incluso la violencia de los llamados "piquetes informativos".
La iniciativa comenzó su tramitación parlamentaria el pasado 27 de octubre, tras la aprobación por el Pleno del Congreso de la toma en consideración de la propuesta socialista. El 17 de diciembre de 2020 se celebró el debate de totalidad, en el que tanto PP como Vox presentaron varias enmiendas con textos alternativos, sin lograr el respaldo de la Cámara debido a la alianza entre PSOE, Podemos y los socios parlamentarios del gobierno.
El 2 de marzo, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados debatió el informe que prefigura la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y emitió un dictamen favorable a su derogación. Diez días después, el Pleno del Congreso aprobó la proposición de Ley Orgánica con 190 votos a favor, 149 en contra y 8 abstenciones.
Ahora, el Senado deberá tramitar la derogación y lo hará, además, por la vía de urgencia, puesto que el PSOE quiere tener la reforma lista para los fastos sindicales del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Por tanto, este nuevo paso hacia la argentinización de España puede estar listo en menos de dos meses.
Aprobado bajo gobierno de Felipe González
El punto 3 del artículo 315 del Código Penal fue aprobado bajo gobierno de Felipe González, en 1995. Establece que "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses".
Según argumenta ahora el grupo socialista, la aplicación de este precepto "ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical". En consecuencia, se pretende eliminar dicho artículo y, además, se defiende que los jueces o tribunales "procedan a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad a la legislación que se deroga".
Una propuesta muy preocupante
La sentencia 11/1981 del Tribunal Constitucional fue clara a la hora de recalcar que "la huelga es un derecho de carácter individual aunque de ejercicio colectivo, siendo claro que nunca puede ser al mismo tiempo una obligación". De esta forma, el TC blindó el derecho a la huelga pero aseguró también que la legislación defienda a aquellos trabajadores que no desean sumarse a tales protestas.
En la misma línea van los pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo, entidad a la que apela el PSOE para justificar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, pero que en ningún caso ha defendido a lo largo de su historia un derecho a la huelga que prevalezca sobre la libertad de los trabajadores de secundar, o no, dichos plantones.
Desde algunas de las principales organizaciones empresariales se ha trasladado a Libre Mercado un notable nerviosismo y una honda preocupación ante una reforma que, previsiblemente, será realidad en cuestión de unas pocas semanas.