Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de Ley para eliminar el Impuesto de Sucesiones. El partido ha acompañado la propuesta con un millón de firmas de la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones (FENCIS) para apoyar su petición, que ha sido respaldada sólo por los grupos del PP y Cs.
La formación de Abascal ha recordado, durante la comisión de Hacienda del Parlamento, que los contribuyentes ya pagan al Estado el IRPF, el IVA o las plusvalías de una vivienda, por lo que no deberían tener que seguir abonando más dinero una vez fallecen. Una cantidad que cifran en más de 2.500 millones de euros anuales.
La diputada de Vox, Inés Cañizares, ha explicado que ya presentaron una propuesta en este sentido en mayo de 2020, pero fue vetada por el Gobierno de Pedro Sánchez sin opción a debate. Decisión que han recurrido ante el Tribunal Constitucional. "Una vez más el Gobierno da la espalda a su pueblo y desoye a sus demandas", ha criticado.
El partido ha insistido ahora en volver a presentar esta propuesta por la grave crisis económica que vive España en plena pandemia del coronavirus. "En estos momentos de crisis, en que los gobiernos europeos reducen los impuestos, el Gobierno de España opta por lo contrario, aumentando la presión fiscal al ciudadano medio", ha asegurado Cañizares.
El portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, aseguraba después en rueda de prensa que se trata de "un robo de herencias" a los españoles por parte del Estado. "Los españoles pagan el impuesto por morirse", ha insistido. "Es el momento óptimo para suprimir un impuesto a todas luces injusto y que nunca debió existir", exigía, criticando la negativa de PSOE, Podemos y los separatistas, a eliminarlo.
"Genera desigualdad"
Vox recuerda que muchos países de la UE ya han eliminado este impuesto, considerado por los expertos un ataque directo al ahorro de las familias, por generar desinversión, paro y miseria allí donde se aplica, al recaer sobre la clase trabajadora, sin tener en cuenta la capacidad real del heredero para hacerle frente.
La formación asegura, además, que se trata de un impuesto que apenas recauda el 1% del total del presupuesto autonómico allí donde se aplica, puesto que su recaudación está cedida a las comunidades.
Madrid lo tiene bonificado al 99%, a pesar de lo cual se encuentra entre las regiones que más recaudan a través de esta figura fiscal, motivo por el cual, gobiernos como el de Cataluña denuncian el llamado dumping fiscal o competencia desleal y piden al Estado imponer un mínimo de recaudación para evitarlo.
El partido de Abascal, critica que este impuesto "genera desigualdad, no atiende al principio de progresividad, no contribuye a la redistribución de la riqueza, desincentiva el ahorro en las familias, supone una mínima aportación a los recursos públicos, provoca renuncia a herencias, y es cuestionado por las instituciones europeas, como queda patente en la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2014, que declara contrario al derecho originario de la Unión Europea el régimen fiscal establecido en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones español".