Desde hace ya unos cuantos años somos testigos de un proceso progresivo, pero constante, de desnaturalización de la figura del autónomo. Esto se está ejecutando a través de reformas legislativas que tratan de suprimir las peculiaridades de los trabajadores autónomos para irlos asimilando progresivamente a los asalariados. Como viene siendo habitual, este proceso de desnaturalización se está llevando a cabo, supuestamente, por el bien de los propios autónomos, cuando en realidad lo que se busca es su extinción. Pretenden acabar con ellos, con su capacidad de autogestión, su espíritu emprendedor y la asunción de riesgos, para convertirlos en un colectivo económicamente precario y altamente dependiente de la tutela gubernamental.
El proceso de asimilación y desnaturalización comenzó en 2008, cuando se impuso la obligación de cotizar a la Seguridad Social por la cobertura de la incapacidad temporal por contingencias comunes y ha continuado mediante la paulatina obligatoriedad de contratar nuevas prestaciones con la Seguridad Social: accidente de trabajo, enfermedad profesional y desempleo o cese de actividad.
De esta manera, los autónomos han visto cómo su capacidad para tomar decisiones y autogestionarse ha sido seriamente limitada al obligarles a contratar, con la Seguridad Social, una serie de coberturas que han reducido sensiblemente su autonomía económica y aumentado los pagos a la Seguridad Social por el doble mecanismo de aumentar la base de cotización general mínima (de 731,7 euros en 2017 a 944,4 en 2021) y el tipo de cotización (del 26,5% en 2017 al 30,6% en 2021). El efecto conjunto de ambas medidas ha llevado a que la cotización mínima se haya incrementado en 1.141 euros al año, un 149%, entre 2007 y 2021 (de 2.326,8 euros a 3.467,76). No contentos con ello, en estos últimos años se ha restringido la libertad de los autónomos para escoger la base de cotización entre la horquilla existente entre la base mínima y la máxima, atendiendo a criterios de edad (mayores de 47 años) u organización jurídica (básicamente si el autónomo es societario).
La siguiente vuelta de tuerca será la cotización por ingresos reales, que además de presentar enormes dificultades técnicas y operatorias, erradicará de golpe y porrazo todo margen de libertad en el régimen de autónomos. Un régimen que para mí siempre fue el mejor sistema de la Seguridad Social, por ser el más respetuoso con la libertad, pues permitía la libre elección de las coberturas y bases de cotización, y el que más fomentaba la responsabilidad y el ahorro.
La guinda del pastel, la reforma que pone la puntilla a los autónomos, es la disparatada Ley riders, una ley en virtud de la cual el gobierno convertirá, contra su voluntad, a miles de autónomos en asalariados, obligándoles a ser empleados, mandando, de paso, a miles de ellos al paro. Una ley que trata a los autónomos como si fueran menores de edad sin capacidad de obrar y suscribir contratos. Como siempre, la supresión de la libertad de los autónomos se hace por su propio bien, como si ellos no supieran lo que les conviene, que para eso está el Gobierno, para pensar y velar por “sus intereses”. Con esta ley muchos autónomos acabarán en el paro, pues incrementará los costes de las plataformas de reparto. Y también pondrá fin a la flexibilidad de los riders y a su libertad para decidir en cada momento cuántas horas trabajar cada día, las franjas horarias, el número de servicios que quieren hacer, el dinero que quieren ganar, sus días de descanso y las vacaciones que quieren disfrutar. Los que no acaben en el paro, acabarán como asalariados, atados a un horario, un salario fijo de por vida con la sola esperanza de revalorizaciones conforme al IPC y algunas decimillas más negociadas por personas ajenas a la relación contractual: los sindicatos. En definitiva, acabarán proletarizados y alienados, encadenados a una relación laboral que adormecerá su ambición por progresar y lograr una vida mejor.
Muchos se quedan en la superficie de los cambios legislativos, incapaces de percibir y descubrir cuáles son las motivaciones reales de este proceso de desnaturalización y proletarización de los autónomos. No entienden que lo que persiguen es acabar con la figura del autónomo, que es la verdadera profesión liberal del siglo XXI y el único reducto de libertad frente al avance constante del Estado. Ellos son quienes emprenden, quienes arriesgan su patrimonio e invierten con la esperanza obtener un beneficio. Ellos son quienes progresan al margen de las dádivas del gobierno de turno, quienes montan sus empresas sin subvenciones millonarias y se rebelan frente al poder de los sindicatos. Viven y progresan al margen del Estado, sin sus restricciones laborales y corsés regulatorios; son quienes más escapan a los controles fiscales. Ellos son la sal de la economía.
Precisamente por eso, el gobierno odia a los autónomos, por eso busca asimilarlos, reducirlos a la condición de asalariados, gravarles con más cargas y hacerles dependientes del Estado. Busca, en definitiva, amaestrarlos, someterlos, hacerles conformistas, adormecer su ambición empresarial y pauperizarles. Quieren, en resumen, incorporarlos a las filas de resentidos sociales de los que este gobierno se nutre.