Los fondos europeos de recuperación inyectarán hasta 140.000 millones de euros en la economía española durante el año 2021. Esta ingente cantidad de recursos deberá ser canalizada a través de proyectos coherentes con los principales objetivos de las instituciones europeas, que giran en torno a programas de "digitalización" e iniciativas de "transición ecológica".
El problema, como era de esperar, radica en precisar qué proyectos entran bajo estos paraguas y quién decide qué iniciativas reciben financiación. Así, no es de extrañar que el primer proyecto anunciado por Moncloa ya esté generando ampollas por el trato preferencial que el gobierno ha brindado a una candidatura de las muchas que están en liza.
La iniciativa en cuestión consiste en la construcción de una fábrica de baterías que recibirá 2.000 millones de euros de financiación y generará miles de empleos. Una vez se conoció el proyecto, la titular del Ministerio de Industria, Reyes Maroto, afirmó que la planta se levantará "cerca de Martorell", una clara referencia a la fábrica de Seat en Cataluña.
Sin embargo, como es lógico, las demás fábricas del sector y las principales empresas del ramo no han tardado en alzar la voz y pedir que los fondos se asignen con criterios técnicos y no políticos. No en vano, aunque en Cataluña hay compañías muy preparadas para asumir el reto, también hay operativas similares en Aragón, Extremadura, Galicia, País Vasco o Comunidad Valenciana.
En vez de entregar el dinero a la empresa encargada de encauzar el proyecto, el gobierno quiere crear un consorcio mixto en el que tendría representación el Ejecutivo, pero también podría estar presente el gobierno de la comunidad autónoma donde se desarrolle finalmente la planta. Un conglomerado de lo más complejo que confirma que la intención de Sánchez no es la de impulsar iniciativas privadas con un complemento de financiación, sino erigir modelos mixtos fuertemente intervenidos por el Estado.
De todos los barones autonómicos, el más combativo con los planes de Moncloa es Núñez Feijóo. La Xunta de Galicia ha cargado duramente contra Sánchez por saltarse "la transparencia, la concurrencia competitiva y la adjudicación mediante convocatorias públicas". En la misma línea se han mostrado otros dirigentes autonómicos.