El nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, planea una masiva subida de impuestos con la que pagar el estímulo económico de 1,9 billones de dólares ejecutado con motivo de la crisis del coronavirus. Concretamente, y según adelantaba Bloomberg este lunes, la subida impositiva sería la mayor jamás planteada desde 1993, año en el que la impopular reforma fiscal de Bill Clinton le costó la mayoría parlamentaria a los demócratas.
La subida de impuestos se enmarca en una difícil situación para las cuentas públicas estadounidenses, que cerraron el año 2020 con un déficit fiscal superior al 15%, y que, sumado a los descuadres de cuentas sufridos en los años precedentes, elevan la deuda pública por encima de los 20 billones de dólares y el 100% del PIB.
Para tratar de paliar esta complicada coyuntura, el gobierno de los EEUU quiere evitar fiarlo todo al incremento de deuda, por lo que apuesta ahora por una masiva subida impositiva. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen aseguró que parte del próximo paquete de ayuda debería financiarse mediante alzas de impuestos, y los asesores de la Casa Blanca trabajan contrarreloj para decidir qué tributos serán los que subirán. El equipo de Biden ya tiene en mente dos de ellos: el IRPF para personas con ingresos altos y el impuesto de Sociedades, que Trump redujo de manera importante durante su mandato.
Por otro lado, la administración Biden quiere aprovechar la subida impositiva para otras dos cuestiones complementarias al aumento de recaudación. Por un lado, la reforma fiscal es vista como una forma de financiar algunas de las iniciativas económicas del Gobierno, como el aumento de gasto en infraestructuras, la reducción de la pobreza o la lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, el alza de impuestos contribuirá a reformar el sistema tributario estadounidense, que los demócratas consideran injusto en algunos ámbitos. En este sentido, Sarah Bianchi, ex asistente económica de Biden, explica que "el foco está en abordar la desigualdad de trato entre trabajo y riqueza".
Aun con todo, el gobierno federal habría descartado una de las propuestas más radicales de la congresista izquierdista Elizabeth Warren, como es la creación de un impuesto del 2% sobre el patrimonio.
Las medidas concretas que sí están sobre la mesa son las siguientes:
- Disminuir las ventajas para los conocidos como negocios pass-through, como sociedades de responsabilidad limitada o sociedades unipersonales.
- Incrementar el IRPF a quienes ganen más de 400.000 dólares.
- Aumentar el impuesto de sociedades desde el 21% al 28%.
- Incrementar la tasa impositiva sobre las ganancias del capital y dividendos, para aquellas personas que ganen más de 1 millón al año, y que se igualaría con los tramos del IRPF.
- Ampliar el alcance del impuesto de sucesiones, para que afecte también a quienes tengan patrimonios por debajo de los 8 millones de dólares.
Según el Centro de Política Fiscal, la recaudación derivada de reforma fiscal de Biden ascendería a 2,1 billones de dólares en una década, aunque las primeras estimaciones del propio partido demócrata cifran la recaudación en apenas 500.000 millones.
Para poder llevar a cabo su propuesta fiscal sin valerse de la ley de reconciliación (que limita a una única ley al año aprobada solo con la mayoría simple del Senado) los Demócratas tendrían que lograr algunos apoyos entre la oposición republicana, algo que se antoja complicado. El portavoz republicano del Comité de Hacienda de la Cámara de Representantes dijo que "parece haber un impulso para aumentar los impuestos a la inversión de las ganancias de capital", y lo calificó como un "terrible error económico", mientras que Mitch McConell, el líder republicado en el Senado, pronosticó que los Demócratas utilizarían la ley de reconciliación para esquivar así a los Republicanos y ejecutar la subida impositiva, incluida la del impuesto corporativo.
De hecho, esta mayor presión impositiva sobre las empresas y las inversiones son uno de los elementos más controvertidos de la reforma. Andrew Silverman, analista de Bloomberg, comentó que, "aunque parece que la clase media se salvará de las subida directa de impuestos, la subida de las tasas corporativas tiene un impacto económico amplio. No distingue entre corporaciones grandes y pequeñas y pueden reducir la cantidad que pueden contribuir a las mutuas, los titulares de fondos de pensiones y los planes de acciones de los empleados, así como a los salarios de los empleados".