Toda Europa mira, con una mezcla de curiosidad y envidia, a Israel. O a Chile. Incluso a los odiados británicos (aunque nadie lo relaciona con el Brexit, por supuesto). Y a EEUU (aunque todavía menos se relaciona con Trump, también por supuesto; el republicano le legó a Biden los muertos, pero la rapidez en la campaña de vacunación la descubrimos como por ensalmo el día de la investidura).
Mientras, en la UE, el ritmo es mucho más lento. Ahora la nueva fecha límite es el verano. Y cada vez hay más dudas sobre si España llegará a esa frontera del 70% de inmunidad de la que tanto se habla antes de la campaña estival.
Y hablamos de un continente rico. En los países pobres, nadie espera completar el proceso hasta bien avanzado el 2022. Algo que tiene riesgos aparejados. Para empezar, que continuarán las muertes por la covid-19. Pero, además, está la cuestión de las mutaciones: si no vacunas lo suficientemente rápido y surgen nuevas variantes del virus, puede que esas vacunas ya no sean tan efectivas cuando las vayas a poner.
En este punto, no se ha hablado demasiado sobre el posible papel del sector privado. Los gobiernos han centralizado la compra de las vacunas y a veces parece que no hay ningún otro sistema que el que se ha puesto en marcha. Sin embargo, sí hay otras opciones. En los últimos días, dos informes publicados en dos de las revistas científicas más importantes del mundo, se preguntan qué podríamos hacer para acelerar el ritmo de producción de dosis. El primero, en Science, firmado por quince científicos de primer nivel, tiene un título muy significativo: "Un diseño de mercado para acelerar el suministro de la vacuna contra la covid-19". El segundo, en The Lancet, también con una extensa nómina de académicos, está dirigido al mismo objetivo: "Los retos para asegurar una distribución global para la vacuna contra la covid-19".
Lo primero que hay que decir es que los dos artículos parten de una obviedad: esto no es sencillo y muchos de los problemas que vemos serían similares en cualquier caso. Producir miles de millones de dosis de una nueva vacuna implica un reto brutal. Durante meses, pareció que el problema era sólo científico (cuándo tendremos la fórmula), pero ya nos hemos dado cuenta de que el trabajo de laboratorio es casi tan importante como el diseño de la distribución, producción, logística, almacenamiento... Y, por supuesto, no sólo hay que producir dosis de vacunas, sino de jeringuillas, neveras para el almacenamiento y traslado, tubos para cada dosis. Por no hablar de los trabajadores del sector sanitario: hay países del tercer mundo en los que el principal cuello de botella puede ser la falta de personal cualificado. Lo que queremos decir es que muchos de estos retos serían similares con más Estado o con más Mercado.
El segundo apunte es que, aunque hablamos de que la mayoría de los estados están controlando todo el proceso, no es cierto que el sector público esté fabricando o distribuyendo las vacunas. En realidad, en la mayoría de los casos, su labor principal ha consistido en centralizar las compras, pero tanto la investigación como la fabricación y la distribución han corrido a cargo del sector privado. Lo que tenemos ahora mismo se asemeja más a un mercado de vacunas con pocos clientes (los estados) que, además, han firmado contratos de exclusividad. La pregunta sería, más bien, si este modelo es el más efectivo.
A partir de aquí, llegan las preguntas y el debate. Como casi siempre, mejor con matices que con grandes frases huecas o con recetas en apariencia sencillas pero impracticables.
- ¿Estado 100%? ¿Mercado 100%? Lo de siempre. Entre el blanco y el negro, están los grises. Ni pedir que el Estado intervenga o asuma determinadas funciones implica acabar en Corea del Norte, ni plantear un papel diferente para el mercado significa destruir la sanidad pública. La pregunta no es ésa. Tampoco nos detendremos en la discusión teórica sobre si habría sido mejor desde el principio más intervención estatal (¿nacionalizar las farmacéuticas?) o dejarlo todo en manos del mercado. El debate es qué hacer ahora y cómo mejorar los incentivos de unos y otros.
- ¿Se puede ampliar la producción? Ésta es la pregunta clave. Y es muy importante que salgamos del marco mental en el que nos hemos movido en los últimos meses. Un marco mental más bien estático, en el que el punto de partida es: "Las vacunas deben repartirse entre los que más lo necesitan y no entre los que más pueden pagar. El Estado debe comprar todas las dosis y asegurarse de que se establece un orden de vacunación justo".
¿Por qué decimos que es estático? Pues porque presupone que "las vacunas" son una cantidad cerrada. Que hay las que hay. Que estamos al límite de nuestra capacidad de producción. Que no se puede hacer nada para ir más rápido. Y que otro diseño del sistema de producción-compras-distribución no influiría en la cantidad.
Sobre esto tratan los dos artículos citados. Las soluciones que plantean los autores de uno y otro van dirigidas a este aspecto. Simplificando un poco, podríamos decir que su pregunta es ¿qué podríamos hacer para ampliar la producción de vacunas? Y, una vez conseguido, para lograr que ese incremento en el número de dosis llegue a todos, superando los problemas de almacenamiento, distribución y suministro al paciente final.
- ¿Qué queremos como clientes? Esto es importante. Si los estados se posicionan como los clientes finales ante los productores, la pregunta es qué buscan y qué demandan. Hasta ahora, el objetivo ha sido acaparar el máximo número de dosis de las producidas, pero no tanto ampliar la capacidad de fabricación o acelerar la misma. Aquí es donde los dos artículos citados hacen más hincapié: cambiemos el foco, no pensemos en comprar lo máximo de lo que hay, sino en producir más dosis. Porque, además, como recuerda el artículo de The Lancet: "Los conflictos [entre estados] por el acceso a unas vacunas que son escasas serían menos graves con una mayor producción". Su respuesta al problema se centra en la tecnología: los fabricantes de las vacunas protegen sus patentes y sus innovaciones porque son su principal vía de beneficios. Por eso, los autores piden que los estados usen su papel como clientes para animar a los laboratorios a "compartir su tecnología y know-how de forma sistemática, posibilitando de esta manera que se expanda la producción global". Del mismo modo, creen que los estados deberían implicarse en la financiación no sólo de la producción de las vacunas (sector farmacéutico) sino en la del resto de la cadena de distribución.
¿Cómo lograr todo esto? Esto no queda tan claro en el artículo, pero una forma sería que los estados comprasen las patentes (asegurando de esta forma el beneficio de las empresas), incluso durante su fase de desarrollo (incentivando de esta forma la investigación en su momento más arriesgado), lo que podría incluir premios o incentivos por acortar los plazos previstos inicialmente (con todas las cautelas de seguridad que hay que tener siempre en estos temas).
El mayor problema en estos casos reside en el diseño de los incentivos. Si uno paga sin atender al resultado, corre el riesgo de que el que reciba el dinero se olvide del objetivo final (para qué esforzarme en investigar, si ya he cobrado). Quizás un esquema doble podría ser el más adecuado: te aseguro que no perderás nada, pero luego los beneficios serán crecientes en función de una serie de objetivos, uno de los cuales podría ser la cantidad de producción global de cada vacuna sean quién sea la compañía que finalmente la produce y otro la rapidez de su distribución.
En el artículo de Science, por su parte, la aproximación es algo diferente: "Un contrato inicial para la entrega de un determinado número de dosis a un precio establecido genera un incentivo muy pequeño para la velocidad si no es diseñado de forma cuidadosa". Por eso, creen que el Gobierno deberían pagar por "capacidad" y no por éxito. Es decir, financiar a las empresas para que éstas amplíen su investigación y producción potencial, incluso sin saber si lo conseguirán. ¿Y si al final no sale la jugada? Es un riesgo que merece la pena correr, plantean, a cambio de los beneficios potenciales. La clave es quién asume el riesgo de esa inversión: si lo hacen las empresas, lo normal es que se queden cortas respecto a lo que necesitamos. Y es lógico, porque pueden poner en peligro su propia supervivencia. Por eso, los autores piden que los gobiernos asuman el riesgo del fracaso y que paguen por la redundancia: por instalaciones, producción, distribución, etc. que no se sabe si llegarán a ser útiles o cómo lo serán.
Como vemos, en los dos artículos el enfoque no es tan diferente. La clave es que haya beneficios esperados para todos aquellos que inviertan en la producción de vacunas, para incentivarles a no sólo cumplir con sus objetivos actuales o los firmados en los contratos con los gobiernos, sino a superarlos.
- ¿Y si lo vendemos en las farmacias o en las clínicas? Otro debate de los últimos días. Para que quede claro: los dos estudios de Science o The Lancet no tratan este problema de forma directa. Su planteamiento más bien gira entorno a qué hacer con el actual modelo de mercado, en el que los clientes son los estados y los sistemas de salud públicos. Aunque algunas de sus conclusiones sí pueden servirnos para responder a este interrogante.
Sabemos que es la típica pregunta en la que lo fácil es caer en la caricatura a un lado ("pues tan difícil no será, que nos dejen comprarlo y ya me buscaré yo la vida para ponerme la vacuna") como del otro ("esto es una locura, es imposible, nunca se ha hecho").
Lo primero, lo obvio: buena parte de la población europea estaría dispuesta a gastarse ¿50-75-100-200 euros? en comprar una vacuna y adelantar así el fin de la pesadilla. Es complicado pensar en un incentivo mejor para que las empresas buscasen nuevas líneas de producción. Las ganancias en pocos meses podrían ser enormes.
¿Opciones? Muchas. Farmacias, clínicas privadas, etc. La idea podría ser del tipo: "Tienes que mantener los compromisos con el Gobierno al 100%. Pero si, además de las entregas ya pactadas, eres capaz de producir más, ese extra lo puedes vender por tu cuenta". Como apunta el paper de Science: un adelanto de un par de meses en la consecución del objetivo del 70% supondría no sólo que habría muchos contagiados que no enfermarían, sino un ahorro económico gigantesco; según sus cálculos, 576.000 millones si añadimos 1.000 millones más de dosis antes de julio y 989.000 millones si ese extra llegase antes del fin de abril.
Además, esta crisis se ha caracterizado por ir alargándose según se desarrollaba. Lo que iba a ser un par de meses, ya ha superado el año. Esto lo decimos porque existe la tentación de pensar: "Ya no merece la pena ponerse a construir un nuevo laboratorio, para cuando pudiese estar operativo, todo habría terminado". No es cierto, por dos motivos: el primero es el del párrafo anterior, unas semanas de adelanto ya supondrían un enorme ahorro económico (y también muchos menos fallecimientos, nunca olvidemos esto). Pero es que, además, esa capacidad instalada serviría para futuras crisis similares y también para los previsibles problemas que viviremos en los próximos años (nuevas variantes, nuevos brotes y estacionalidad, necesidad de dosis de refuerzo, efectos secundarios inesperados en alguna de las vacunas que obligan a parar la producción, etc...) Una de las claves que hemos aprendido en el último año es que la flexibilidad para disponer de capacidad productiva adicional en poco tiempo es fundamental.
Por supuesto, nada de esto sería sencillo. Hay muchos retos prácticas. Por ejemplo, ¿qué pasa con las vacunas con dos dosis? ¿cómo nos aseguramos de que se cumplen plazos y condiciones de almacenamiento? Pero ni es bueno subestimar la capacidad de innovación de las empresas ni estas preguntas son muy diferentes a las que ya se han resuelto para la distribución pública. De hecho, quizás podría buscarse un intermedio: dejar las vacunas de dos dosis para la compra centralizada y permitir que las de una dosis (por ejemplo, la de Johnson&Johnson, que además no necesita temperaturas muy bajas) entren al mercado. Posibilidades hay muchas, pero sobre todas ellas sobrevuela la falacia del "Estado que está": y que como está, parece que no se podrían hacer las cosas de otra manera... hasta que se hacen.
- Pero, ¿no sería eso como favorecer a los ricos? Los ricos, en este como en otros temas, ya se están buscando la vida hace tiempo. El turismo de la covid (sobre todo a los países del Golfo Pérsico) está dando sólo sus primeros pasos. Como se acerque el verano y no haya vacunas para todos, lo que ahora es un goteo se convertirá en un torrente. Por no hablar del mercado negro, que ya ha surgido, como con cualquier otro producto al que se limita la producción o en el que se intervienen los precios.
Las vacunas en las clínicas a 20-50-80 euros serían el recurso de las clases medias. La pregunta no es esa sino de dónde saldrían estas dosis: ¿De las destinadas actualmente al sistema de compra público y centralizado? Es decir, ¿se las estaríamos quitando a los que están ahora en la lista de espera? O, más bien ¿la posibilidad de hacer un negocio tan bueno haría que se incrementase la producción prevista? Ahí está la clave del debate, mucho más que en la demagogia de ricos contra pobres.
Por cierto, un apunte interesante sobre este tema. Cuando uno plantea la posibilidad de que las vacunas estén disponibles de forma privada, la queja siempre es la misma: "Eso implica favorecer a los que más tienen. Debemos organizar la distribución conforme a las circunstancias personales (edad, enfermedades, etc.), no a la capacidad de compra de cada uno". Pero eso ya es mentira. No lo estamos haciendo así. Los países ricos han acaparado de forma desproporcionada la producción de 2021. Y sus ciudadanos no se quejan. Es decir, nos parece bien que un británico o un español de 50 años se vacunen antes que un marroquí o un ecuatoriano de 80 años, porque su país es más rico; pero si nos dicen que van a vender vacunas en las farmacias montamos en cólera porque eso favorece las desigualdades y es discriminatorio. La hipocresía no puede ser más palpable.
- La opinión del experto: para este artículo, hemos hablado con Luis I. Gómez, bioquímico, empresario del sector farmacéutico y fundador de desdeelexilio.com. Algunas de sus ideas están en los párrafos anteriores. Por su profesión, Gómez conoce el sector por dentro, pero también sabe mucho de economía (es el director del Máster en Environmental Economics de la Universidad Francisco Marroquín). Por eso, su análisis es muy valioso, porque mezcla conceptos clave en cualquier proceso de decisión (incentivos, escasez...) con un profundo dominio técnico de la materia: "Cuando impones una política de vacunación, los incentivos que podrían mover al mercado por la demanda de miles de millones de vacunas, ya no existen", nos explica. Ni para bien ni para mal. Lo que está claro es que las reglas han cambiado y es muy complicado anticipar qué pasaría si esas restricciones no estuvieran ahí.
Sobre los "limitantes", es decir, los cuellos de botella que aparecerían siempre, con un modelo más descentralizado y uno más estatalizado, Gómez cree que no son demasiado importantes en este caso: "Hay muchas instalaciones y laboratorios que no se dedican a esta vacuna, sino a otras similares, y que podrían cambiar su función (como ya han hecho algunas instalaciones). Tampoco habría un problema de personal: en EEUU, Europa, Japón, etc... hay muchos trabajadores preparados para adaptarse a estos cambios".
Y sobre si sería posible expandir la producción, su apuesta es que "sí" y que los precios serían más bajos de lo que pensamos por la propia dinámica del mercado: "Sí, se podrían producir más vacunas de las que se están produciendo actualmente. Adaptar cadenas de producción de estos laboratorios llevaría entre un mes y medio y dos meses. Para lograrlo, habría que facilitar los acuerdos de las grandes farmacéuticas que tienen las patentes con laboratorios en cada país, para que puedan incrementar la producción. Pero los gobiernos tienen una perfecta incapacidad para permitir la competencia [en aquellos campos en los que están presentes]".