El Gobierno ha aprobado las ayudas directas a las empresas españolas un año después. Exactamente, cuando faltan dos días para que se cumpla el aniversario de la primera declaración del estado de alarma (ese fatídico 14 de marzo), el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias se ha decidido a dar el paso que tanto le han venido reclamando los empresarios.
La cuantía que piensan "movilizar" será de 11.000 millones de euros. Pero las pymes o autónomos que estén esperando que toda esa ingente lluvia de millones se vaya a traducir en dinero contante y sonante para salvar sus negocios se van a llevar una amarga decepción.
Ya advertimos en Libre Mercado que el plan anunciado a bombo y platillo por el presidente del Gobierno tenía gato encerrado. Y así ha sido: las ayudas directas serán únicamente de 7.000 millones de euros, de los que 2.000 millones irán solo a Canarias y Baleares y 5.000 millones, para el resto. Tampoco habrá rebajas de impuestos.
Así lo ha anunciado la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en la rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este viernes. Calviño, lejos de reconocer que las ayudas llegan con evidente retraso, no ha dudado en declarar que "nos estamos anticipando al problema" con su aprobación. "Nos hemos ido adelantando a las necesidades por los avales del ICO y los ERTE", ha insistido.
Requisitos y detalles
- Dependerán de la caída de facturación de las empresas: las ayudas a fondo perdido se otorgarán a empresas o autónomos que hayan sufrido en 2020 una caída de la facturación de al menos un 30% respecto a la de 2019.
- 100 tipos de actividad: los empresarios beneficiarios deberán pertenecer a una de las 100 actividades económicas establecidas como perjudicadas por la pandemia. Se publicarán en el BOE.
- Límites: el tope de compensación será de un máximo del 40% de la caída de ingresos para pymes y micropymes y de hasta un 20% para el resto de empresas.
- Cuantías: los autónomos que tributan por módulos ingresarán hasta 3.000 euros y el resto, entre 4.000 y 200.000 euros. El Gobierno no ha cuantificado a cuántas empresas podrían llegar.
- Destino finalista: estas ayudas no reembolsables tienen carácter finalista, por lo que se tienen que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo de 2020, pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera.
- Más condiciones: una condición fundamental para recibirlas es que las empresas deberán mantener su actividad hasta el 30 de junio de 2022 y no podrán ni repartir dividendos en 2 años ni subir sueldos a sus directivos. Tampoco deberán tener deudas previas con Hacienda o Seguridad Social.
No bajan impuestos
El Gobierno no llevará a cabo rebajas fiscales tampoco esta vez. La peor crisis económica del periodo de paz no es motivo suficiente para Hacienda se decida a rebajar la fiscalidad de los contribuyentes. Durante todos estos meses, Hacienda sólo ha aprobado aplazamientos y fraccionamientos tributarios, lo que sólo ha servido para alargar la agonía de las compañías. Las exenciones de algunas cotizaciones de los ERTE han sido de las pocas rebajas de impuestos aprobadas.
Con esta nueva batería de ayudas, el departamento de María Jesús Montero seguirá la misma dinámica: los aplazamientos. Así, el Gobierno ha ampliado de tres a cuatro meses el periodo para poder retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora. Todo un detalle.
Las dudas
Ni Calviño ni Montero han dando ninguna fecha sobre cuándo empezarán a ver las empresas y los autónomos el dinero del Estado. Serán las CCAA las que gestionen los 7.000 millones de euros, aunque fuentes autonómicas aseguran a Libre Mercado que desconocen los detalles del proceso y que la comunicación ha sido "muy escasa".
Según Montero, las regiones dispondrán del dinero en un plazo máximo de un mes y diez días y serán ellas las que se encarguen de distribuirlo, pero con la información que les facilite la Agencia Tributaria. La AEAT es la que tiene acceso a las declaraciones del Impuesto de Sociedades o del IRPF de las empresas. El Gobierno establecerá una plataforma para que se coordinen. Este tipo de medidas, con excesivos trámites burocráticos, tienen el riesgo de llegar demasiado tarde -y mal- a los beneficiarios, como ha ocurrido con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), entre otros.
Otros dos fondos, pero sin quitas
Junto con el paquete de ayudas directas, el decreto contempla también una línea de 3.000 millones que gestionará el ICO para extender los plazos de los avales y el importe de los mismos, que permitirán convertir los créditos en préstamos participativos, así como otorgar transferencias directas a pymes y autónomos para reducir el principal. Para ello, se aprobará un nuevo Código de Buenas Prácticas en el sector bancario.
Finalmente, no habrá quitas sobre la deuda avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), como también estaba sobre la mesa y que aterraba a la banca. La deuda que no puedan asumir las empresas se reestructurará.
Por último, el real decreto incluye un fondo de recapitalización de 1.000 millones de euros, gestionado por Cofides, que complementa el fondo de 10.000 millones de SEPI, que se destinará a reforzar el balance de las empresas.