Las plataformas de envío de comida a domicilio Deliveroo, Glovo, Stuart y Uber Eats han criticado a la CEOE por ceder y firmar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y sindicatos para consensuar la "ley Rider", que pretende obligarles a contratar a sus repartidores e incluye desvelar sus algoritmos.
"Las cesiones de la CEOE han sido totales", han lamentado las cuatro compañías en un comunicado conjunto difundido este jueves por la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS), que integra a todas ellas.
Los miembros de APS pertenecen a la entidad patronal Adigital, miembro a su vez de la junta directiva de la CEOE, entidad que ha representado las posiciones defendidas por las empresas de reparto durante las negociaciones en la mesa de diálogo social iniciadas en octubre.
Las nuevas reglas
El acuerdo incluye que se fije en la ley la condición de asalariados de los repartidores de plataformas digitales (también llamados riders), que hasta ahora trabajaban como autónomos.
En los últimos años, tanto la Inspección de Trabajo como varias sentencias judiciales (inluida una del Supremo) habían cuestionado esta calificación y los consideraba "falsos autónomos", mientras que las empresas del sector abogaban por un cambio normativo que no obligara a contratarlos en plantilla.
Además de recoger esa "presunción de laboralidad", el acuerdo alcanzado también obliga a las plataformas a informar a los sindicatos sobre las reglas que rigen los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial en los que se basan a la hora de gestionar su plantilla de repartidores.
Esto último había sido un escollo durante la negociación, ante las reticencias de la patronal a desvelar el funcionamiento de los algoritmos usados por las plataformas digitales.
"Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa de diálogo social, en la que ninguna de las propuestas del sector de reparto de comida a domicilio ha sido tenida en cuenta", han subrayado desde la asociación que agrupa a Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats.
Por su parte, el presidente de APRA, Jordi Mateo, ha señalado que el colectivo de repartidores están "enfadados, decepcionados y nos sentimos ninguneados". "Si queda algo por hacer, seguiremos insistiendo. Esto no es la Ley Rider, es la Ley Anti Rider".
Asimismo, han cargado precisamente contra la "obligación de revelar los algoritmos", y advierten de que se trata de una medida "que afectaría muy negativamente el desarrollo de la economía digital en España y atenta contra los principios más básicos de la libertad de empresa".
En su opinión, la "laboralización forzosa propuesta por el Gobierno" es igualmente motivo de "preocupación", y han subrayado que varias asociaciones de repartidores pro-autónomos ya han expresado su rechazo.
Estuvimos en la manifestación con los repartidores de Madrid a favor de #StopLeyRider y #sisoyautonomo pic.twitter.com/PmAQhiaQqE
— Titus Clan (@titusclan) March 3, 2021
Peligran tres cuartas partes del empleo
Además, han advertido del riesgo que entraña la medida para la hostelería, que ha encontrado en el envío a domicilio una alternativa para compensar la fuerte caída de ventas provocada por la pandemia.
Las plataformas han recalcado que otros países europeos han aprobado regulaciones "que apoyan la economía digital con mayores protecciones para los repartidores autónomos".
Según sus cálculos, el sector del delivery aporta 700 millones de euros al PIB nacional y da empleo como repartidores a cerca de 30.000 personas en España.
Estas mismas compañías han estimado que cerca de tres cuartas partes de estos riders corren el riesgo de perder su fuente de ingresos a causa de la desaparición del servicio en ciudades de menos de 100.000 habitantes y la reducción de horarios en el resto de ciudades que supondría su contratación en plantilla.