El propietario de 9 de los 23 pisos que el Gobierno balear quiere expropiar en Menorca los acababa de reformar para venderlos, según ha confirmado el dueño a Europa Press. El propietario los compró hace menos de un año al banco que los inscribió en el registro de la Consejería regional.
Aunque la agencia no desvela el nombre de la compañía (se limita a decir que es una "empresa local"), Libre Mercado publicó la semana pasada la lista negra de los propietarios expropiados en las islas y sus correspondientes referencias catastrales. Todo apunta a que se trataría de Gasolina y Gasoils Low Cost, a la que se le van a arrebatar 9 viviendas, según el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Tal y como señala Infocif, esta compañía fue constituida el 21 de Mayo de 2014, está presidida por Juan Antonio López Oleo y aporta el 0,02% del PIB local de Baleares.
El dueño ha informado de que los pisos no tienen cédula de habitabilidad, acaban de ser reformados para su venta y están ya apalabrados. Se trata de nueve viviendas de un mismo bloque situado en el centro de Ciutadella, adquiridos hace meses por una sociedad limitada con sede en el municipio.
Son pisos de dos habitaciones y un baño, en un bloque que también tiene locales y parking. Según el listado que se ha publicado en el Boletín Oficial, tienen entre 55 y 82 metros cuadrados.
Un portavoz de la empresa ha explicado a Europa Press que compró estas propiedades a un banco en mayo de 2020, estando en obras, y que desde entonces ha estado reformándolas para venderlas. Según han confirmado desde el Gobierno balear, fue el propietario anterior quien inscribió las viviendas en el registro oficial: cuatro en diciembre de 2018 y los otros cinco en enero de 2020.
El actual propietario obtuvo el certificado de final de obra en octubre de 2020, y las cédulas de habitabilidad están en trámite. Precisamente, ha explicado el empresario, no se ha cerrado ninguna venta debido a éste y otros trámites pendientes, pero hay varios pisos apalabrados e incluso una lista de espera de compradores interesados.
Además, el propietario niega ser un gran tenedor según lo define la ley porque asegura que no tiene más de diez pisos. Consultado por Europa Press, el director general de Vivienda, Eduardo Robsy, ha aclarado que la ley autonómica define como gran propietario a quien tenga ya diez viviendas —no a partir de 11—y "no únicamente del mismo titular, también se tendría en cuenta si formase parte de un grupo de empresas".
El propietario también argumenta que sus pisos no llevan dos años "parados" porque han estado reformándolos para ponerlos a la venta; sobre esto, Robsy ha indicado que la venta o la oferta de los pisos no interrumpe el cómputo del tiempo que permanecen vacíos.
A pesar de semejante atentado contra la propiedad privada, la empresa se ha mostrado dispuesta a escuchar la oferta económica del Gobierno por la expropiación de los pisos. "Si la oferta es interesante y tenemos que contribuir a que haya más vivienda social, por supuesto que lo haremos", ha indicado el portavoz de la empresa.
En un primer momento la compensación económica la establece de forma unilateral la administración, pero en caso de discrepancia el afectado por la expropiación puede plantear una valoración contradictoria. Estas diferencias pasarían por un órgano jurado que determinaría cuál es la valoración correcta, o incluso podría plantear una tercera valoración independiente. Si el propietario no está conforme, siempre podría recurrir por la vía judicial.
El propietario denunciaba también que el Gobierno balear no le notificó el inicio del trámite de expropiación antes de hacerlo oficial en el Boletín Oficial, como confirmaron otros propietarios afectados a Libre Mercado. La empresa sí había tenido conocimiento del interés del Gobierno de Armengol por los pisos porque hace un mes fueron técnicos a hacer una inspección. "En el requerimiento quedaba muy claro el motivo de las visitas", se excusa el director general de Vivienda.