La expropiación de 56 viviendas en Baleares ya es oficial. Así lo publicó ayer jueves el Gobierno de la socialista Francina Armengol en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) junto con los nombres de los propietarios afectados. En esta lista negra se encuentran conocidas entidades, como Bankia, Banco Sabadell o BBVA. Además, aparecen sociedades como la Sareb -el llamado banco malo- o conocidas inmobiliarias, como Aliseda, propiedad de Blackstone y Banco Santander. También hay otras empresas menos conocidas, como puede ser la menorquina Gasolina y Gasoils Low Cost, a la que se le arrebatarán 9 viviendas.
Con todo lujo de detalles, el Gobierno balear ha publicado en la normativa la referencia catastral de cada inmueble, la identidad de sus dueños, su ubicación y los metros cuadrados que tienen. Serán 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y 6 en Ibiza. Algunos de estos inmuebles superan los 100 metros cuadrados y otros, no llegan a los 50 metros. El abanico es muy amplio. Puede consultar el listado completo en el siguiente enlace.
"Nos hemos enterado por la prensa"
Entre los propietarios afectados por la expropiación reina la incertidumbre, ya que nunca antes se había cometido en nuestro país un atentado similar contra la propiedad privada. "Es la primera vez que sucede algo así", señalan fuentes de la Sareb a Libre Mercado. Sorprende también que el Gobierno regional ni siquiera se haya molestado en avisar previamente a los dueños de que se pensaba quedar con sus viviendas durante, en teoría, siete años. "No hemos tenido ninguna comunicación oficial", explican desde el banco malo. Y avisan: "Estudiaremos todas las medidas legales al respecto".
La norma justifica que expropian las viviendas por estar "vacías", un concepto indeterminado en materia de vivienda al que Baleares le ha puesto fecha: 2 años. "Se entiende por vivienda desocupada la que permanece desocupada de manera continuada durante un tiempo superior a dos años, sin ninguna causa que justifique su desocupación", reza el texto. En la Sareb explican que "nosotros tenemos viviendas vacías porque somos una sociedad de desinversión. Nuestro objetivo es venderlas". En el banco malo quieren remarcar que han colaborado con Armengol en otras ocasiones para aumentar el parque de vivienda sin necesidad de llegar a la expropiación. "Nosotros hemos llegado a varios acuerdos con el Gobierno balear para ceder vivienda y tenemos abiertas más negociaciones para aumentar la oferta", explican.
En la misma línea va otra fuente de una de las entidades afectadas, que prefiere no identificarse. La vivienda es un tema conflictivo y la demonización que han sufrido bancos y fondos en los últimos años les hace andar con pies de plomo en sus declaraciones. "Este golpe a la propiedad privada genera mucha inseguridad jurídica, cuando nosotros estamos cumpliendo con todos los códigos de buenas prácticas respecto a la vivienda social. Todavía estamos analizando qué viviendas son y en qué condiciones están", aseguran.
Una versión similar aportan fuentes de otro de los grandes fondos afectados. "Nadie nos ha avisado. Nos hemos enterado por la prensa", aseguran. "Es muy grave y puede expandirse a otras CCAA. Va a generar muchísima conflictividad en los juzgados", alertan. Otros dos propietarios preguntados confirman que "no hemos recibido ninguna notificación formal" de la expropiación. Mientras redactábamos este artículo, le ha llegado la notificación a uno de ellos.
En la resolución contemplan "notificar" la decisión "a los titulares de las viviendas que figuran en el anexo y conferirles un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la notificación, para que puedan manifestar lo que consideren oportuno, especialmente su conformidad con la cuantía propuesta como justiprecio de la cesión temporal". Por tanto, primero publican en el BOIB las viviendas que piensan quedarse y ya luego avisan a sus dueños, no al contrario. Baleares destinará 2 millones de euros para compensar a los dueños por semejante despropósito.
"Erosiona la imagen de nuestro país"
Baleares ya contemplaba la expropiación en la Ley autonómica de Vivienda de 2018 y ahora, lo único que ha hecho es ponerla en práctica. Según el texto, "los grandes tenedores de vivienda tendrán la obligación de hacer cumplir la función social de la misma mediante su uso residencial efectivo. El incumplimiento de esta obligación durante un tiempo superior a dos años, acreditada con la inscripción de la vivienda en el Registro de viviendas desocupadas, será causa suficiente de interés social para llevar a cabo la expropiación forzosa del uso temporal de aquellas viviendas que se encuentren inscritas en el Registro".
Baleares considera gran tenedor a los propietarios de 10 o más viviendas, aunque este término también está cargado de una gran ambigüedad porque no tiene ni una definición oficial, ni un marco legal que lo respalde. Tanto es así, que desde Podemos acaban de proponer que se disminuya a las 5 viviendas el concepto a nivel nacional ¿Y qué les impediría proponer reducirlo a 3 o a 2? podríamos preguntarnos.
El propio Gobierno de Armengol queda en evidencia con la norma, ya que reconoce en el texto que no ha sido capaz de proveer a sus ciudadanos de la vivienda social que les correspondía. Por ejemplo, en Mallorca, "de un total de 5.472 solicitudes de vivienda de protección oficial, solo se han podido adjudicar 45 viviendas (un 0,82% de las solicitudes)", señalan.
Desde la patronal de los grandes propietarios (Asval) han cargado duramente contra la medida balear. "Esta expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos. Además, vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión".
Consideran que "supone un ataque al Derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española". También apuntan a otros efectos perversos, como la "reducción de la oferta de vivienda disponible debido a la inseguridad jurídica que generan. Esto a medio-largo plazo perjudica al acceso a un hogar a las familias vulnerables, el colectivo al que en teoría se quiere proteger".