Desastre laboral en febrero. Ni el optimismo habitual del Gobierno en materia de empleo ha podido enmascarar el batacazo del segundo mes del año. Ya lo avanzó la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Los datos de paro y afiliación de febrero que se publicaron ayer martes "no son buenos", avisaba el lunes. Esta vez, no se equivocaba.
Así, el paro superó en febrero los 4 millones de desempleados por primera vez desde abril de 2016. Hace un lustro que el número de parados no rompía esa peligrosa barrera psicológica. En concreto, y únicamente teniendo en cuenta los datos oficiales, estamos hablando de 4.008.789 personas registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
"El aumento del desempleo es una consecuencia del impacto en el ámbito laboral de las severas restricciones impuestas por la tercera ola de la pandemia" justificaba el Ministerio de Trabajo en su nota de prensa. En la rueda de prensa habitual para analizar las cifras que se publicaban a primera hora del día, el número dos de Yolanda Díaz, Joaquín Pérez Rey, lo achacaba también al interés de los ciudadanos en inscribirse al SEPE para cobrar ayudas estatales. "Hay más gente registrada en el registro porque es imprescindible para cobrar el IMV u otros subsidios de empleo", aseguraba. En este sentido, cabe destacar el fracaso de prestaciones como el IMV, donde apenas se han concedido el 20% de las solicitudes presentadas, según denunciaban esta misma semana las directoras y gerentes de Servicios Sociales en un comunicado.
Respecto a enero, el paro subió en 44.436 desempleados (+1,1%), su mayor alza en este mes desde el año 2013, cuando se incrementó en 59.444 personas. En términos interanuales, el resultado es todavía peor porque nuestro país sumó 762.742 parados más en el último año, lo que supone un crecimiento del 23,5%.
Febrero es un mes tradicionalmente neutro para el empleo, por lo que hay que remontarse hasta febrero de 2009 para encontrar un batacazo superior al actual en el acumulado del año. Entonces, en mitad de la crisis del ladrillo que arrasaba con las finanzas de la economía española, y con Celestino Corbacho al frente, se sumaron al INEM 1.166.528 parados.
Los 'fogones' del SEPE
Un detalle que no existía en la anterior crisis, y que se ha convertido en el gran aliado estadístico del Gobierno durante la pandemia, son los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Ayer también conocimos que esta cifra rozó en febrero casi las 900.000 personas, aunque es posible que el Gobierno diga el mes que viene que al final eran más afectados porque, en los últimos tiempos, viene actualizando al alza estas cifras mes a mes.
Y es que, desde finales de 2020 los ERTE han roto su racha bajista debido a los cierres de hostelería y servicios que han llevado a cabo muchas CCAA. Por ello, el número de personas que está en su casa sin trabajar y cobrando una prestación pública está subiendo. Aunque el Gobierno ha venido insistiendo mucho en que los ERTE "no son parados", el riesgo de su zombificación aumenta. Es decir, el riesgo de que no puedan recuperar nunca sus puestos de trabajo cada vez es mayor.
Preguntados por Libre Mercado sobre cuántos de esos ERTE se convertirán en ERE ni Joaquín Pérez Rey, ni el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, han dado ninguna cifra. Según ellos, "no tendría mucho sentido" porque son "las empresas las que lo tienen que valorar en cada caso" y "los datos no lo manifiestan" que estén preparando despidos. A preguntas también de este periódico, Pérez Rey niega que el Gobierno haya sido demasiado optimista en materia de empleo en este último año. "No hemos sido optimistas, sino realistas", respondió.
Pero la realidad es otra: si sumamos esas 900.000 personas en ERTE a los 4.008.789 parados oficiales la foto laboral se va agravando todavía más.
Más maquillaje estadístico
Los ERTE no son el único maquillaje estadístico que hay que tener en cuenta para analizar el verdadero número de personas que actualmente se encuentran en el limbo laboral.
Desde hace más de una década, el Gobierno socialista decidió sacar de las listas del paro a todas las personas que estaban realizando algún cursillo del paro, que son los denominados "demandantes de empleo no ocupados" (DENOS) y que en febrero eran 297.346. Tampoco cuentan como parados los demandantes de empleo con "disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica" que son aquellos parados que indican en su solicitud de empleo condiciones especiales de trabajo. Por ejemplo, sólo trabajar a domicilio, con teletrabajo, en el extranjero o en unos determinados días. En febrero, esta categoría ascendió a 408.853 personas.
Por tanto, si a esos casi 5 millones de personas sin trabajar (entre los parados y los ERTE) le sumamos más de 700.000 que afloran en esta otra cocina del SEPE y que tampoco trabajan, el resultado es de 5,6 millones de personas, una cifra muy por encima de la estadística oficial. Hay que dejar claro que, en la anterior legislatura, el PP también se ha beneficiado de que los "demandantes de empleo no ocupados" (DENOS) y los demandantes de empleo con "disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica" no contasen como parados. No es sólo cosa del actual Ejecutivo.
Pero ahí no acaba todo. Si tenemos en cuenta que en febrero había más de 500.000 autónomos con el negocio cerrado y cobrando la prestación por cese de actividad por parte de la Seguridad Social, ya estamos hablando de más de 6 millones de personas en un letargo laboral del que les va a resultar difícil salir. Y son 2 millones más que los 4 millones de parados contabilizados por el Gobierno.